El autismo en Zapote

De cal y de arena

El autismo en Zapote

El Procurador de la Etica Pública de manera directa, sin recovecos ni tapujos, señala al vicepresidente de la República, Luis Liberman, al Ministro de Educación, Leonardo Garnier, y a otros funcionarios por violar los principios éticos de integridad, rectitud y objetividad al extender cartas destinadas a documentar los expedientes de una empresa ligada a persona allegada a ellos y cónyuge de un Ministro de Estado, casualmente interesada en ganar una licitación para la prestación de servicios al Ministerio de Educación.

El expediente, ya en manos de la Presidente que prometió firmeza y honestidad, para que resuelva si aplica o no sanciones, es archivado. El portazo es contundente; la negativa de la mandataria a imponer los castigos obligados por la prudencia política (para no hablar de la asepsia que reclama la ética) es terminante.

No hay peor ciego que quien no quiere ver ni peor sordo que quien no quiere oír (por eso va quedándose sola). Siendo así de rígido el autismo en Zapote, no es de extrañar que la indulgente actitud presidencial se haya querido envolver en una artificiosa y endeble argumentación: la normativa vigente aludida por la Procuraduría es confusa y contradictoria, Liberman y Garnier no han incurrido en conducta dolosa o culposa y los hallazgos no ameritan sanciones.

Nada que ver con que aquello tenga toda la pinta de un tráfico de influencias. Ha de ser así porque posiblemente en la marfileña torre de Zapote creen que el Banco Mundial metió las patas cuando dijo que corrupción “es el abuso del cargo público a cambio de una ganancia privada”.

Evidentemente ni quienes firmaron las cartas eran ciudadanos de pata en el suelo ni la empresa amparada pertenecía a María Castañas. Aquellos firmaron haciendo evidente su posición en el gobierno en obsequio de una empresaria que era nada menos que esposa del Ministro de Hacienda y consejera de la Presidente. Además, el contenido de las notas no era propio —dice la Procuraduría de la Etica— de una acreditación de antecedentes ni un certificado de experiencia sino propio de una carta de recomendación, característica que enfrenta a tales funcionarios con los mandatos del ordenamiento jurídicos en que se prohíbe emitir recomendaciones de personas físicas o jurídicas. Evidentemente, el mensaje que se entendió cuando se prometió firmeza y honestidad, se va evaporando para frustración mayor de los ciudadanos de bien que se dan cuenta de la gravedad que toman los acontecimientos cuando la corrupción gana espacios por la gracia de la impunidad.

Casos como este “de las cartas de recomendación” traen a la agenda de prioridades un problema de moralidad política que las instancias sanas de los partidos deben abordar. ¿Cómo es que el funcionario público incurso en esos atropellos a la ética pública no sufran siquiera un reproche del superior?

Alvaro Madrigal