Algunos patentados no pagan nuevas tarifas, munis no todas lo cobran

Desorden con licencias de licor

Posibles sanciones están frenadas a la espera de resolución de Sala IV

Los permisos para vender licor se convirtieron en un dolor de cabeza para los dueños de comercios y las municipalidades.
El desorden que existe en torno a los nuevos cobros es tal, que algunos patentados simplemente no los pagan, en algunos gobiernos locales tampoco se interesan en castigar a los morosos y en otros casos, tan solo prefieren esperar a ver si se cambia la legislación o no.

El problema surgió porque en agosto del año pasado se aprobó una nueva ley de Licores que aumentó en unas 30 veces el cobro de las patentes, que antes estaba en unos ¢11 mil mensuales.
De 39 de municipios del Área Metropolitana, 28 confirmaron estar ejecutando los nuevos cobros. Las restantes ni siquiera han elaborado o publicado los reglamentos para cada uno de los cantones.
Además, en todos los casos están esperando a que la Sala Constitucional emita un criterio sobre el tema, según un estudio elaborado por LA REPÚBLICA.
Adicionalmente, a raíz de la diversidad de criterios que existe en torno al tema, la mayoría de ayuntamientos ha decidido cobrar el monto mínimo que pide la nueva legislación, aunque LA REPÚBLICA confirmó que existen casos en que sí se aplica el monto máximo.
A raíz de ello, algunos dueños de locales decidieron acudir a la Sala Constitucional. A la fecha se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad por el tema, dos de ellas admitidas para su respectivo trámite.
Para los patentados esto significa un respiro a sus finanzas, ya que hasta el momento el cobro de licencias los tiene disgustados e inclusive ha ocasionado el cierre de algunos negocios.
La acción de inconstitucionalidad acogida para estudio, entró a finales del mes pasado, y reclama que el cobro se aplica de igual manera en grandes comunidades como pequeñas.
La ley no hace diferencia entre negocios de zonas rurales y urbanas, lo cual evidentemente implica un nivel de ventas e ingresos distintos.
En las comunidades donde no se han comenzado a aplicar los cobros temen que un eventual fallo de la Sala IV les signifique efectos retroactivos. Si es a favor de los patentados, las municipalidades tendrían que cambiar de nuevo sus reglamentos o hasta devolverles el dinero recibido por concepto de licencias de licor.
Por eso los patentados se están amparando en dicha acción para tratar de no realizar los pagos.
“Los minisúper por ejemplo no pueden quedarse fuera del negocio; significa un cierre total de las posibilidades de trabajar en otro sector, muchos de los propietarios y trabajadores de estos negocios a lo mucho terminaron la escuela”, explicó Ana Teresa Vásquez, presidente ejecutiva de Cámara de Detallistas.
Sobre ese ideal es que muchos de los negocios se rehúsan a pagar lo que dispone la ley, hasta que no se resuelvan las apelaciones presentadas ante la Sala IV.
Por ahora las municipalidades cobran las licencias de licor, pero si un patentado no desea realizar el pago no se le castiga.

María Fernanda Cisneros
mcisneros@larepublica.net