Criminales de “cuello blanco” evaden justicia

Corrupción desborda capacidad de Fiscalía

Solo 12 personas atienden más de 200 investigaciones. Casos aumentaron un 100% en tres años

Políticos y funcionarios corruptos podrían estarse escapando de la Justicia con las bolsas llenas de dinero por la falta de recursos que afecta a la Fiscalía de Probidad.

Al mismo tiempo, un crecimiento sostenido en los últimos años entre los delitos de “cuello blanco”, pone en aprietos a los investigadores de esa unidad, quienes no dan abasto para atender la gran cantidad de casos abiertos.
En estos momentos, 12 fiscales se dividen más de 200 investigaciones consideradas complejas, como la Trocha Fronteriza, la carretera hacia Caldera y el caso de la firma de asesoría en Comunicación Procesos y Recope, solo por citar algunos de los más sonados.
Esto significa que cada uno de los fiscales tiene en promedio sobre su escritorio el destino de 17 investigaciones, los cuales, involucran personas generalmente con “poder y jerarquía y que pueden tratar de influir en contra de los procesos”, asevera Juan Carlos Cubillo, jefe de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Lo ideal es que cada investigador tenga como máximo diez casos, según Cubillo, con el objeto de que les pueda dar un seguimiento adecuado y sacarlos con una relativa prontitud.
Sin embargo, esa media está lejos de cumplirse, afectando el cumplimiento de la Justicia.
En enero de 2010 esta Fiscalía tenía 94 casos bajo investigación, mientras que ahora son 200 los que se indagan, incluyendo denuncias que involucran a altos cargos del Gobierno y de municipalidades.
“Si el fiscal tiene más de diez casos por más que trabaje de día y de noche, siempre tendrá un retraso. Por otra parte, a nosotros llegan muchas informaciones a las que tratamos de darles el mayor abordaje; sin embargo, al no tener los suficientes recursos, la verdad es que algunos de los corruptos podrían salir libres de pena”, indica Cubillo.
Es prácticamente un hecho que la falta de recursos en esta Fiscalía, hace que corruptos logren evadir a la justicia, o bien, que sus procesos se prolonguen durante más tiempo del necesario, sin llegar a juicio por falta de pruebas.
Así las cosas, la Fiscalía solo acusa en los casos en que se haya hecho una buena investigación y que se cuente con las pruebas suficientes para ir a juicio.
Por otra parte, podrían presentarse deficiencias en los procesos de investigación por la falta de recursos.
Para hacer el mejor trabajo posible, es necesario contar con al menos 22 nuevos fiscales, así como dar mayor músculo al OIJ para que ayude en el proceso de acusación de los fiscales, asegura el jefe de la fiscalía anticorrupción Cubillo.
Estas peticiones las ha hecho la Fiscalía en varias ocasiones, no obstante, no se ha presupuestado más dinero para este fin, pero los gobiernos de turno no les dan los suficientes recursos.
Para otros especialistas en la materia penal, la lucha contra la corrupción no necesariamente pasa por más recursos, sino por un nuevo enfoque de trabajo.
En ese sentido, Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad Pública, indica que el enfoque del Código Procesal Penal, no favorece a las víctimas, sino a los delincuentes y eso hay que cambiarlo.
“El Código Procesal Penal es un mamarracho que obstaculiza la justicia y favorece a la mafia, a los corruptos y a los asaltantes. Se da una serie de garantías excesivas a los delincuentes para evitar que se condene a alguien, lo cual, genera en la práctica muchas trabas para hacer justicia y esos está afectando al sistema”, indica Castro.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net