Conflicto de competencias sobre los recursos marinos
| Lunes 24 septiembre, 2012
Conflicto de competencias sobre los recursos marinos
El ministro René Castro informó sobre la creación de un Viceministerio de Aguas y Mares y de la existencia de un proyecto de ley en ese sentido.
Entre las consideraciones expuestas se afirma que es necesario que el Minae asuma un “liderazgo, en calidad de rector, mediante la integración de todos los departamentos que actualmente tienen competencia en esta materia, con el fin de sistematizar y unificar los esfuerzos institucionales y privados, en procura de garantizar la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, costeros e hídricos”.
Así se otorgaría a esa cartera competencias que le corresponden al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y aunque no plantea una derogación expresa de alguna disposición de la Ley No. 7384, que crea y establece las funciones de ese Instituto, sí podría producir una derogación tácita de las normas que ordenan a esa entidad promover, fomentar y regular la explotación racional de los recursos marinos.
Las amplias atribuciones conferidas al Incopesca, llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR), a sostener que “…en lo que respecta a los recursos naturales que se encuentran en el mar, la competencia la ostenta actualmente el Incopesca”.
Este es el segundo intento del ministro Castro tendiente a usurpar competencias. En 1995, como titular del entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, emitió el Decreto No. 23.665 por el cual creaba una Comisión sobre la Zona Marítimo Costera.
Al respecto la PGR, expresó que algunos de los considerandos que dieron sustento a dicho decreto eran aspectos contemplados dentro de las competencias propias del Incopesca y que si bien podía crearse una comisión de ese tipo para asesorar al Poder Ejecutivo debía entenderse que no podía ser en “perjuicio ni menoscabo de las competencias que por Ley de la República han sido asignadas a otras instituciones; en este caso concreto al Incopesca …”
Ese primer intento pretendía, a través de una comisión asesora, decidir sobre aspectos relacionados con el control de la biomasa marina y la protección de los recursos naturales de la zona marítima.
Hoy, mejor asesorado, busca que se apruebe una ley que le devuelva al Poder Ejecutivo, a través del Minae, las competencias para “asegurar la protección, administración, planificación y conservación del patrimonio marino, costero…”, que el legislador había trasladado en 1994 al Incopesca.
Es probable que la decisión de crear ese nuevo Viceministerio produzca un conflicto de competencias.
La iniciativa de don René deja entrever un descontento con la gestión del Incopesca, criticado fuertemente por los grupos ambientalistas, quienes piden reformas a su ley constitutiva, así como un interés por darle una visión más conservacionista al manejo de nuestra riqueza marina.
Si esta fuese la razón de fondo, creo que el Gobierno puede definir políticas al respecto y a través de directrices —tal como lo establece la Ley General de Administración Pública— hacer que el Incopesca las implemente.
Reformar la ley constitutiva de esta institución y fortalecerla, en lugar de crear duplicidades y conflictos, sería lo más prudente y conveniente.
Luis París Chaverri
Expresidente ejecutivo del Incopesca
El ministro René Castro informó sobre la creación de un Viceministerio de Aguas y Mares y de la existencia de un proyecto de ley en ese sentido.
Entre las consideraciones expuestas se afirma que es necesario que el Minae asuma un “liderazgo, en calidad de rector, mediante la integración de todos los departamentos que actualmente tienen competencia en esta materia, con el fin de sistematizar y unificar los esfuerzos institucionales y privados, en procura de garantizar la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, costeros e hídricos”.
Así se otorgaría a esa cartera competencias que le corresponden al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y aunque no plantea una derogación expresa de alguna disposición de la Ley No. 7384, que crea y establece las funciones de ese Instituto, sí podría producir una derogación tácita de las normas que ordenan a esa entidad promover, fomentar y regular la explotación racional de los recursos marinos.
Las amplias atribuciones conferidas al Incopesca, llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR), a sostener que “…en lo que respecta a los recursos naturales que se encuentran en el mar, la competencia la ostenta actualmente el Incopesca”.
Este es el segundo intento del ministro Castro tendiente a usurpar competencias. En 1995, como titular del entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, emitió el Decreto No. 23.665 por el cual creaba una Comisión sobre la Zona Marítimo Costera.
Al respecto la PGR, expresó que algunos de los considerandos que dieron sustento a dicho decreto eran aspectos contemplados dentro de las competencias propias del Incopesca y que si bien podía crearse una comisión de ese tipo para asesorar al Poder Ejecutivo debía entenderse que no podía ser en “perjuicio ni menoscabo de las competencias que por Ley de la República han sido asignadas a otras instituciones; en este caso concreto al Incopesca …”
Ese primer intento pretendía, a través de una comisión asesora, decidir sobre aspectos relacionados con el control de la biomasa marina y la protección de los recursos naturales de la zona marítima.
Hoy, mejor asesorado, busca que se apruebe una ley que le devuelva al Poder Ejecutivo, a través del Minae, las competencias para “asegurar la protección, administración, planificación y conservación del patrimonio marino, costero…”, que el legislador había trasladado en 1994 al Incopesca.
Es probable que la decisión de crear ese nuevo Viceministerio produzca un conflicto de competencias.
La iniciativa de don René deja entrever un descontento con la gestión del Incopesca, criticado fuertemente por los grupos ambientalistas, quienes piden reformas a su ley constitutiva, así como un interés por darle una visión más conservacionista al manejo de nuestra riqueza marina.
Si esta fuese la razón de fondo, creo que el Gobierno puede definir políticas al respecto y a través de directrices —tal como lo establece la Ley General de Administración Pública— hacer que el Incopesca las implemente.
Reformar la ley constitutiva de esta institución y fortalecerla, en lugar de crear duplicidades y conflictos, sería lo más prudente y conveniente.
Luis París Chaverri
Expresidente ejecutivo del Incopesca