Comunidades tienen derecho a servicios

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Los dineros pagados por las empresas que ingresaron a nuestro mercado de telecomunicaciones deben usarse sin demora para asegurar un servicio universal y solidario

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Comunidades tienen derecho a servicios

Como se sabía, mucho antes de que se diera en el país la apertura en las telecomunicaciones, ese hecho obligaría al ICE a competir con el resto de las empresas que entrarían a participar en el mercado. Así lo está haciendo.
Era por tanto también conocido que esa condición de competencia pondría al ICE a funcionar mucho más apegado a las reglas del mercado.
En este se compite por la mejor tajada del queque y por las mejores ganancias. Su interés primordial no radica en garantizar la universalidad y la solidaridad en el servicio, sino en ofrecerlo con eficiencia pero solo donde esto resulte rentable.
Para solventar la necesidad de dar un buen servicio a todo el país, independientemente de que en algunos sitios esto no sea rentable, es que se creó Fonatel, entidad que recibió el dinero pagado por las nuevas empresas para entrar al mercado y que será destinado a esos fines mencionados.
No obstante, ahora vemos que lo que antes cumplía el ICE ahora no lo hace Fonatel a pesar de disponer del dinero para ello. La pregunta es ¿Por qué? ¿Quién debe responder por el incumplimiento que tiene a muchas personas en diversas comunidades sin el servicio de telefonía que están solicitando?
“Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable”, dicen los objetivos fundamentales que de algún modo definen la misión de Fonatel en el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones
La Sala IV, ante la cual acudieron vecinos de una localidad para exigir lo que por ley les corresponde, dictaminó que el ICE deber plantear el proyecto (de solución a las necesidades de los ciudadanos) con cargo a Fonatel para que este “valore” su instalación.
La realidad es que los vecinos no tienen por qué estar rogando ni interponiendo recursos ante la Sala Constitucional para que se les dé lo que la ley indica que se les debe dar y en forma oportuna. Fonatel por su parte cuenta con el dinero para hacerlo. Por lo tanto, a esta entidad corresponde, simplemente, cumplir con su deber sin demoras burocráticas de ningún tipo.