La prisión es (en Costa Rica) una zona cero donde no existen oportunidades para volver a la vida en sociedad. El Estado, llamado a tutelar los derechos humanos de las personas prisioneras, no cumple su tarea

---

Cárceles: espejo de sociedad desintegrada

En nuestro país, a través de las actuaciones del Ministerio de Seguridad, se atiende la problemática del delito, y su consecuencia legal, como un fenómeno aislado que puede resolverse de manera focalizada; sin entender que han sido los propios gobiernos de turno los que han promovido la desigualdad social y la violencia que, día a día, yace sobre nuestras familias.
La situación de las cárceles en nuestro país obedece a esta lógica estructural de exclusión e indiferencia política y económica. El estado alarmante de hacinamiento, de violación de los derechos humanos, es un síntoma de un país que ha dejado de invertir en y para sus ciudadanos.
Prisión-muerte vs. prisión-oportunidad. El derecho a la vida, y a un medio ambiente sano, es violado, diariamente, dentro de las paredes de los centros que conforman el Sistema Penitenciario Nacional. La pena de prisión, en nuestro país, se ha convertido en un castigo prolongado que mantiene a los prisioneros, sin distingo de ninguna especie, en un estado de muerte moral y desidia colectiva.
Las oportunidades son nulas o muy escasas dentro de las prisiones y el fin último de la prisión, la resocialización, no se logra. La prisión es, entonces, una zona cero donde no existen oportunidades para volver a la vida en sociedad. No existen medidas alternativas ni políticas de expansión de los centros de confianza. Eso no es importante para los políticos de turno. En este sentido, el Estado Administrador, llamado a tutelar los derechos humanos de las personas prisioneras, no cumple su tarea.
Hacinamiento vs. dignidad. La estrategia del encierro masivo, que han seguido las autoridades políticas de nuestro país, tiene como trasfondo el establecimiento del Estado de Control Social en contraposición con el Estado de Bienestar Social. Esto evidencia la falta de voluntad política para evitar la catástrofe existente en el Sistema Penitenciario Nacional. Todo el aparato público se ha volcado a favor del control social y en contra de los victimarios.
La reforma penitenciaria que urge debe estar centrada en la persona humana, en la dignidad de todos los que integran el Sistema Penitenciario, incluyendo presidiarios y funcionarios. Los presidios de nuestro país deben dejar de ser botines políticos y de negocios para pasar a convertirse en verdaderos Centros de Adaptación Social.
Leyes problemáticas. Nuestro Código Penal contiene algunos delitos cuya penalidad consideramos que podría estar contribuyendo al incremento de encierros, cuando realmente los bienes jurídicos que ahí se tutelan no ameritan la imposición de cárcel, sino otro tipo de sanción. Tales son los casos de los actuales delitos de hurto, daños y lesiones. Estas últimas, bajo ciertas condiciones, deberían pasar a ser contravenciones. Además, la Ley Nº7586 establece medidas de protección muy extensas que imposibilitan el restablecimiento de las familias y favorecen la desintegración y el conflicto social.
Exhortamos a la Presidenta de la República para que instaure un mecanismo de diálogo directo entre los tres Poderes de la República y los ciudadanos, vinculados con la temática del Sistema Penitenciario Nacional, para que, en conjunto, se descubran las soluciones oportunas y adecuadas.

Carmen Granados Fernández

Diputada