Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

Enviar
Miércoles 14 Agosto, 2013

Una premisa básica del ejercicio de un buen periodismo obliga a recabar los hechos noticiosos con apego a rigurosos parámetros de corrección y precisión


Hablando claro

Entre la noticia y el disparate

A propósito de la liberación en México del narcotraficante Rafael Caro Quintero, un medio de comunicación local se dejó publicar la disque noticia emanada de una fuente informativa reconocida pero no solvente, según la cual un alto cargo del poder judicial “se dejó” varias hojas de la famosa libreta del capo antes de “dejarlo partir” con rumbo a México donde finalmente fue juzgado. La “información” era todo un disparate producto de una leyenda urbana sin sustento. Ni el funcionario tuvo nunca en sus manos la famosa libreta, ni lo dejó partir, como fue publicado. En pocas palabras la “noticia” era falsa. Pero no importó. Simplemente sirvió para construir una “novela”. ¿Es eso periodismo?
La semana pasada también, entre otros, la Defensora de los Habitantes y dos diputadas del PAC, urgieron con vehemencia al gobierno emitir declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario. Prácticamente todos los medios de comunicación reprodujeron la petición como una gran iniciativa. Hubo colegas que hasta lamentaron que tan buena idea no se le hubiera ocurrido antes al Ejecutivo. Deplorable.
Independientemente, de lo que espete una “fuente” informativa o lo que denuncien (acaso con buena intención pero con total desconocimiento) unos funcionarios, lo cierto es que el deber del periodista estriba en cotejar la información que recaba para saber si es procedente y en todo caso, cómo debe ser contextualizada para informar verazmente a su público.
Resulta que desde hace 20 años la Sala Constitucional (voto 3410-92) estableció con claridad meridiana qué puede catalogarse como emergencia nacional. De modo que con todo y lo deplorable que resulta el estado de las cárceles, como en el pasado se pretendió hacer con los puentes y muchos otros problemas serios que nos aquejan, existen expresas prohibiciones en la materia.
Pero el problema no es que a algunos se les ocurra declarar una emergencia nacional así porque así. El problema es la forma en que se presenta la información. Sin ningún cuestionamiento, verificación, ni contexto. Así, la opinión pública no solo no se informa bien, sino que además abona su descontento para con la cosa pública, porque se convence que quienes los gobiernan son invariablemente una partida de inútiles, cuando no de corruptos.
Lo peor de estos casos, donde coinciden los intereses de hacer politiquería o de granjearse un minuto de gloria mediática, con la pereza periodística de corroborar los hechos, es que cuando los colegas se percatan del error, no hay corrección, aclaración, ni excusas.
Justamente una premisa básica del ejercicio de un buen periodismo obliga a recabar los hechos noticiosos con apego a rigurosos parámetros de corrección y precisión. Pero una no deja de sorprenderse de la frecuencia con que a los periodistas nos aqueja el mal de la desidia y la negligencia, tanto como la inclinación al efectismo.
La cosa es que la falta de rigor es cada vez más una constante que está convirtiendo el equilibrio informativo y otras herramientas básicas del oficio, en remedos de paupérrimos ejercicios que dejan al lector, televidente o radioescucha a expensas de nuestros grandes prejuicios y profundas prenociones y preconceptos.

Vilma Ibarra