892 plazas de policías están sin uso, pese a inseguridad
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 08 septiembre, 2008
Director de Fuerza Pública reconoce dificultad para llenar plazas pero afirma que trabajan en ello
892 plazas de policías están sin uso, pese a inseguridad
• Dinero para compra de armas, uniformes y elementos de protección no se invierte
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
Los costarricenses pudieron tener mayores probabilidades de ser resguardados por agentes de la Fuerza Pública durante el primer semestre de este año.
Sin embargo tal posibilidad se esfumó, pues 892 plazas permanecieron sin que nadie las ocupara (alrededor de un 8,5% del total de efectivos que hay en el país).
Ese señalamiento fue una de las principales críticas que presentó el Informe sobre evolución fiscal y presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente al primer semestre de este año.
De acuerdo con ese documento, también existe un desaprovechamiento del material económico, debido a que del presupuesto asignado a los “bienes duraderos y materiales”, el Ministerio de Seguridad Pública únicamente utilizó el 3,4% y el 16,7%, respectivamente.
Esto significa que el dinero destinado para equipo de uso policial como armas, uniformes, elementos de protección y otros todavía no se invierte, lo que sumado a las 892 vacantes pasivas, significaría una desventaja logística y numérica para la Fuerza Pública en su lucha contra la delincuencia.
La explicación de ese desaprovechamiento radica principalmente en argumentos de índole administrativo y temporal, advirtió Erick Lacayo, director de Fuerza Pública.
La principal razón de ese “desfase” radica en que la Contraloría solo tomó en cuenta la implementación de los recursos del Ministerio de Seguridad durante el primer semestre de este año, cuando muchos de los dineros y plazas estaban en trámite de ejecución, justificó Lacayo.
Así, de los 892 puestos laborales sin utilizar, 197 se deben a cupos de jefaturas que serán ocupadas por policías simples. Sin embargo, Lacayo no aclaró qué sucedería con las mismas plazas que serían abandonadas por los oficiales que se promoverán.
Por otra parte, 200 vacantes serían ocupadas por civiles que ejercerán labores administrativas en las que ahora se desempeñan los propios policías, quienes a su vez se enviarían a labores de vigilancia.
Además, 206 plazas no se pueden llenar debido a que se cambió el nombre como se designaba al rol, y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Seguridad todavía no ha variado el nombre del puesto, lo cual permitiría liberar esos cupos.
Los procesos de investigación interna por problemas judiciales o administrativos también dificultarían el completar las vacantes, pues al menos 96 plazas de policía no se llenarán hasta tanto no concluyan indagaciones que se siguen a un igual número de oficiales.
La cantidad de puestos restantes se compensaría con estudiantes provenientes de la Escuela de Policía, aunque Lacayo reconoció que mantener cada plaza llena es difícil debido a que en su departamento existe una alta movilidad laboral.
892 plazas de policías están sin uso, pese a inseguridad
• Dinero para compra de armas, uniformes y elementos de protección no se invierte
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
Los costarricenses pudieron tener mayores probabilidades de ser resguardados por agentes de la Fuerza Pública durante el primer semestre de este año.
Sin embargo tal posibilidad se esfumó, pues 892 plazas permanecieron sin que nadie las ocupara (alrededor de un 8,5% del total de efectivos que hay en el país).
Ese señalamiento fue una de las principales críticas que presentó el Informe sobre evolución fiscal y presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente al primer semestre de este año.
De acuerdo con ese documento, también existe un desaprovechamiento del material económico, debido a que del presupuesto asignado a los “bienes duraderos y materiales”, el Ministerio de Seguridad Pública únicamente utilizó el 3,4% y el 16,7%, respectivamente.
Esto significa que el dinero destinado para equipo de uso policial como armas, uniformes, elementos de protección y otros todavía no se invierte, lo que sumado a las 892 vacantes pasivas, significaría una desventaja logística y numérica para la Fuerza Pública en su lucha contra la delincuencia.
La explicación de ese desaprovechamiento radica principalmente en argumentos de índole administrativo y temporal, advirtió Erick Lacayo, director de Fuerza Pública.
La principal razón de ese “desfase” radica en que la Contraloría solo tomó en cuenta la implementación de los recursos del Ministerio de Seguridad durante el primer semestre de este año, cuando muchos de los dineros y plazas estaban en trámite de ejecución, justificó Lacayo.
Así, de los 892 puestos laborales sin utilizar, 197 se deben a cupos de jefaturas que serán ocupadas por policías simples. Sin embargo, Lacayo no aclaró qué sucedería con las mismas plazas que serían abandonadas por los oficiales que se promoverán.
Por otra parte, 200 vacantes serían ocupadas por civiles que ejercerán labores administrativas en las que ahora se desempeñan los propios policías, quienes a su vez se enviarían a labores de vigilancia.
Además, 206 plazas no se pueden llenar debido a que se cambió el nombre como se designaba al rol, y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Seguridad todavía no ha variado el nombre del puesto, lo cual permitiría liberar esos cupos.
Los procesos de investigación interna por problemas judiciales o administrativos también dificultarían el completar las vacantes, pues al menos 96 plazas de policía no se llenarán hasta tanto no concluyan indagaciones que se siguen a un igual número de oficiales.
La cantidad de puestos restantes se compensaría con estudiantes provenientes de la Escuela de Policía, aunque Lacayo reconoció que mantener cada plaza llena es difícil debido a que en su departamento existe una alta movilidad laboral.