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Sábado, 4 de abril de 2020



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“1984” en el 2020

Natiuska Traña [email protected] | Viernes 28 febrero, 2020


“Era un luminoso y frío día de abril (febrero para este caso), y el reloj daba la una de la tarde… “, así inicia 1984 la novela de George Orwell que nos recuerda un escenario donde las personas son observadas y controladas por un ser omnisciente “El gran hermano”.

A pesar de que esta obra data de 1949, es hasta el siglo XXI que ha aumentado el uso y potencial de los datos “Big Data” y el libro de ficción de Orwell hoy es una realidad.

No es para menos, que el trending topic de la semana sea el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), unidad que según varios medios opera desde hace año y medio con datos confidenciales de los costarricenses, para analizarlos y tomar decisiones de índole político.

Ahora imaginemos el escenario donde toda la información que obtenga el presidente de turno sirva para asignar una calificación a cada ciudadano, y con esto se determine si es posible que acceda a educación, empleo, crédito, vivienda… lo más grave aún que esos ciudadanos no hayan consentido el acceso a esa información y que esa información se utilice para influir en procesos políticos.

Ha sido un total desacierto el procedimiento, no se deben procesar datos sin que estos no hayan sido consentidos. A diario, mediante el uso de la tecnología, redes sociales, páginas web, etc., autorizamos como consumidores, la utilización de ciertos datos personales y con esto no estamos renunciando a la protección de la privacidad. Sin embargo, en este caso particular pareciera que, desde la etapa de recolección de datos, el asunto se ha tratado sin la ética que corresponde y la transparencia en el uso de los datos.

El Reglamento Europeo de Protección de Datos, que sirve de base para las políticas de la Unión Europea, así como para cualquier país o empresa que realice transacciones con estos países, regula la recolección de datos con autorización, la gestión con protección a la privacidad y el uso para fines lícitos.

Actualmente, las empresas son calificadas como confiables para realizar transacciones a nivel internacional por su política de manejo de datos, ahora imagíneselo a nivel macro, donde el país es una empresa y ni siquiera esta cumpliendo con los procedimientos de ética y seguridad a la hora de manejar la información de los ciudadanos, pareciera que la UPAD le suma razones al país, para hacer cuestionable la interacción y la inversión en Costa Rica por errores procedimentales y pésima gestión en materia de Big Data.

Los hechos de esta semana obligan una toma de conciencia sobre el desarrollo tecnológico y las herramientas que actualmente se tienen a mano para que se creen los marcos normativos-éticos tanto para el sector público y privado, sobre como utilizar esta tecnología para el bien común y de la sociedad.

En España desde el 2017, la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (ahora Secretaría de Estado para el Avance Digital), constituyó un Grupo de Sabios sobre la Inteligencia Artificial y Big Data para abordar las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la utilización de la Inteligencia Artificial y el Big Data en el sector privado la administración pública y la sociedad en general, pues consideran que los ciudadanos aun requieren muchísima educación en el manejo de sus datos personales, no obstante para el manejo de los mismos, lo importante no es solo autorizar el uso de los datos, sino también poder decir que no y esto es lo que buscan que regule la ley.

Debemos tener claro que somos la generación de transición, bajo este esquema de desarrollo tecnológico donde se presentan lagunas legales que deben regularse; como ciudadanos tenemos que demandar que bajo principios éticos se sienten las bases del uso de los datos, que no se empleen para discriminación social o no garanticen la igualdad de oportunidades por la diversidad de opiniones que no le parezcan a una unidad que no tiene fines específicos.

El gobierno debería interesarse en generar un marco normativo, ético, transparente y claro; de la mano con expertos o investigadores que busque identificar las mejores prácticas para el uso de Big Data y para proteger esta esfera de derechos de sus ciudadanos, más que para crear la versión del “Big Brother tico” operándolo en un área gris a la que le queda mucho por regularse.




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