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Cada 1.º de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, Costa Rica tiene una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones en que envejece su población. Sin embargo, existe una pregunta económica que continúa sin respuesta estructural: ¿cómo financiará el país la movilidad de una población adulta mayor que crece aceleradamente?
Las proyecciones del INEC muestran la magnitud del desafío. En 2024, aproximadamente 11 de cada 100 habitantes tenían 65 años o más; para 2050 serán 25 de cada 100. Además, este grupo poblacional duplicará su tamaño entre 2024 y 2044.
El envejecimiento transformará las necesidades de salud, pensiones, cuidados y transporte. No obstante, nuestro sistema de movilidad continúa financiando obligaciones sociales mediante mecanismos concebidos para una realidad demográfica muy diferente.
La Ley 7936 de 1999 estableció la gratuidad para las personas mayores de 65 años en recorridos de hasta 25 kilómetros y descuentos parciales en trayectos más extensos. En 2002, al implementarse el régimen, se consideraban aproximadamente dos millones de viajes mensuales de adultos mayores, equivalentes al 5,63% de la demanda total de aquel momento.
El problema no fue reconocer este derecho. Fue establecer un beneficio social permanente sin construir paralelamente una fuente de financiamiento suficientemente independiente de las condiciones económicas del propio transporte público.
La gratuidad existe para el beneficiario, no para quien produce el servicio. Cada viaje tiene un costo económico, aunque quien lo realiza esté legítimamente exonerado de pagarlo. La verdadera discusión, por tanto, nunca ha sido si ese costo existe, sino quién debe asumirlo.
Es una expresión de aquella vieja práctica populista de conceder beneficios inmediatos sin resolver adecuadamente su sostenibilidad futura. Los gobiernos pasan, pero las obligaciones económicas permanecen.
Más de dos décadas después, el problema adquiere otra dimensión. Conforme aumenta la población adulta mayor y disminuye la base de pasajeros que pagan, crece la presión sobre un sistema que además enfrenta costos operativos, necesidades de inversión y pérdida de demanda.
Surge entonces una paradoja: una política concebida para garantizar movilidad puede debilitar el mismo servicio que necesita para hacerse efectiva. La gratuidad pierde valor si las rutas reducen frecuencias, deterioran su calidad o desaparecen.
La actual administración tiene una oportunidad para comenzar a corregir este problema heredado.
El primer paso no debería ser eliminar beneficios ni crear apresuradamente nuevos impuestos. Debería ser medir.
Costa Rica dispone hoy de una herramienta que no existía en 1999: SINPE-TP. La digitalización permite avanzar hacia la identificación de los viajes realizados por personas adultas mayores, las rutas donde ocurren y el valor económico de las exoneraciones otorgadas.
Antes de discutir quién debe pagar, necesitamos conocer cuánto cuesta realmente esta política social. Realizar esa tarea requiere ir más allá de lo que se hizo en el pasado, y en mi criterio necesita de la participación directa de reguladores y actores del sistema de transporte público, MIDEPLAN podría articular el análisis como parte de la planificación frente al envejecimiento demográfico; el MOPT y el CTP aportar la información operativa; ARESEP, la dimensión tarifaria; el Banco Central, las capacidades de SINPE-TP; CONAPAM, la perspectiva de los beneficiarios; Hacienda, evaluar las alternativas de sostenibilidad fiscal y las cámaras empresariales, su visión operativa de ese beneficio. Una vez realizado esto, corresponde a la Asamblea Legislativa plasmar el nuevo esquema de ese beneficio en las leyes de la república.
El mejor homenaje que podemos rendir a las personas adultas mayores este 1.º de octubre no es repetir discursos sobre sus derechos, sino construir las condiciones económicas e institucionales para garantizarlos.
Costa Rica ya decidió hace décadas que la movilidad del adulto mayor constituye un derecho social. Ahora corresponde decidir cómo hacerlo sostenible para las próximas décadas.
MBA. Bernal Rodríguez González
