Gobierno le declara la guerra a la evasión de impuestos con vehículos

Mientras avanza el proyecto de ley que fue presentado en días pasados, el gobierno de Laura Fernández emitió un decreto que pretende cerrar los portillos en torno a la subfacturación de impuestos con los vehículos.

De acuerdo con el Gobierno, esta problemática genera una evasión de impuestos estimada en unos ¢20 mil millones al año.

En esencia, el decreto actualiza los procedimientos utilizados en aduanas para calcular los impuestos de importación de un vehículo nuevo o usado.

Esto, al comparar el valor declarado en la factura comercial, incluido el flete y el seguro, con el valor hacendario de un vehículo idéntico registrado por el Ministerio de Hacienda. El cálculo se realizará sobre el monto que resulte mayor.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha logrado detectar que al menos 30 mil automotores muestran algún tipo de inconsistencia entre el precio fiscal reportado y su costo en el mercado.

Con ese dinero, se podrían entregar 2.000 bonos de vivienda para familias de escasos recursos, al considerar que cada casa tiene un costo cercano a los ¢9,7 millones.

“Con esta medida cerramos los portillos que han estado abiertos para favorecer a unos pocos, en procura de una competencia más justa en el mercado y de una mejor recaudación de impuestos, para beneficio de todos los costarricenses”, aseguró Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.

Por otra parte, cuando un vehículo no se encuentre en la lista oficial, el importador deberá aportar información técnica que permita determinar su valor de manera objetiva. Este listado será administrado y actualizado por la Dirección General de Tributación, conforme a los lineamientos técnicos.

El Gobierno realizó un estudio de 171 mil registros de importaciones correspondientes a 2025 y 2026, y así comparó la información utilizada para el cobro del derecho de circulación de cada año con el valor fiscal reportado.

En días pasados, Carvajal presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.