Costa Rica enfrenta una discusión necesaria en su ecosistema empresarial: el verdadero problema nacional no radica en la cantidad de emprendimientos que nacen cada año, sino en su capacidad real para sobrevivir con solidez, conectarse y crecer en el tiempo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (ENAMEH 2025), en el país operan más de 494 mil microempresas, de las cuales el 73,9% son unidades unipersonales y un alarmante 61,1% no está inscrito ante ninguna instancia pública, impulsando una tasa de empleo informal del 96,8%. A este panorama se suma el Informe Nacional GEM 2025-2026, que advierte que solo un 6,3% logra consolidarse como un negocio establecido con más de 42 meses de operación.
Esta vulnerabilidad estructural responde a un conjunto de desafíos documentados por el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM). Por un lado, en el Monitor MIPYME identificaron que el acceso al financiamiento se mantiene como la barrera principal (66%), lo que obliga al 88% de los negocios a sostenerse exclusivamente con capital propio o tarjetas de crédito, exponiendo el patrimonio familiar ante tasas de interés elevadas y requisitos inalcanzables. Por otro lado, existe un vacío crítico de acompañamiento institucional: el 50% de las mipymes no recibió ningún servicio de desarrollo empresarial en el último año, y apenas un 19% accedió a asistencia técnica o consultoría especializada, evidenciando que las capacitaciones informan, pero pocas veces transforman el modelo de negocio.
Para superar la fragmentación del Estado, CELIEM propone una estrategia nacional con políticas existentes y estructurada en cuatro etapas progresivas: identidad y registro básico, habilitación operativa, consolidación productiva y un crecimiento con transición gradual. El eje central de esta propuesta es la implementación de un monotributo inspirado en experiencias de Brasil y Uruguay, respaldado por las disposiciones de la Ley N.º 10.512. Este mecanismo unificaría en una sola cuota y en un único procedimiento digital a través del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) del MEIC donde se gestionen las obligaciones tributarias y las contribuciones a la seguridad social.
“Reactivar una estrategia nacional de transición a la formalidad va en la dirección correcta. Los registros tributarios y de seguridad social ya muestran que los trámites y, sobre todo, los costos de permanecer en la formalidad son barreras importantes. Hoy cada empresa debe descifrar por sí misma la institucionalidad; debemos avanzar hacia un modelo en el que las instituciones coordinen, resuelvan y faciliten el ingreso a la formalidad”, afirmó Luis Álvarez Soto, director ejecutivo de CELIEM.
No obstante, la organización experta en desarrollo empresarial subraya que la formalidad debe producir valor tangible. La supervivencia empresarial exige diversificar mercados, potenciar los encadenamientos productivos donde el 57% de las mipymes demanda integración con grandes corporaciones bajo compras piloto, estándares claros y pagos oportunos, así como adoptar tecnologías focalizadas para resolver cuellos de botella operativos. Para CELIEM, articular la institucionalidad pública con la dinámica del sector privado es la clave para que Costa Rica cuente con empresas más competitivas, formales y sostenibles.