Violencia contra mujeres y salud pública
| Martes 25 noviembre, 2008
Violencia contra mujeres y salud pública
La naturaleza y la magnitud de la violencia doméstica presente en la vida cotidiana de muchas mujeres en Costa Rica impactan e inciden negativamente en la vida personal de sus víctimas y en la calidad de vida del resto del núcleo familiar.
Reiterados informes de organismos internacionales de salud como la OMS o la OPS dan cuenta del impacto que la violencia física y psicológica tiene en la vida de las mujeres:
“En relación con el impacto de la violencia en la salud, la violación y la violencia doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva. Además de heridas, hematomas, fracturas, pérdida de capacidad auditiva, desprendimiento de la retina, enfermedades de transmisión sexual, abortos e incluso femicidios, las mujeres blanco de la violencia pueden padecer de estrés crónico y, como consecuencia de enfermedades tales como hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Frecuentemente, como resultado del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren de dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. Asimismo, las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por tener muy baja autoestima que afecta directamente su comportamiento, su productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar ayuda y denunciar un caso”.
Esta problemática social requiere ante todo prevención. El país debe abocarse a mayor inversión en capacitación y sensibilización, con la consolidación de los fundamentos para una sociedad de paz, con menos asimetrías entre los hombres y las mujeres, así como mediante la prohibición y sanción de las manifestaciones de la violencia en contra de las mujeres y de la información a ellas de sus derechos, se puede lograr reducir significativamente los actos de violencia que lamentablemente estamos viviendo en Costa Rica.
Lo acontecido el 15 de octubre del 2008 en la Sala Constitucional cuando se declaró inconstitucionales los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, nos coloca en un retroceso en la protección de los derechos. Desde la perspectiva de la Defensoría, la eliminación de las figuras del maltrato y agresión psicológica del sistema legal costarricense —que son las acciones que más sufren las mujeres, y que ocupaban más del 70% del total de las denuncias planteadas—, se obstaculiza la posibilidad de que muchas mujeres se mantengan libres de violencia e incluso, se impide la posibilidad de evitar la forma de violencia más extrema, que las atrapa en las manos mortales de sus parejas.
De ahí la importancia que esas limitaciones planteadas en el Código Penal actual fueran superadas mediante una ley especial; en el caso del maltrato ya no se exigía el reconocimiento médico a través de una incapacidad como lo requiere el delito de lesiones vigente, mientras que en la violencia emocional cualquier persona podía presentar la denuncia ante la policía o el Ministerio Público y no como hasta ahora que solo la persona afectada lo puede hacer efectivo. Estos cambios en la legislación actual son necesarios porque les dan una especificidad a los delitos y posibilita un mayor involucramiento de las autoridades competentes y una responsable participación ciudadana, cuando a ella por sus propias condiciones del ciclo de la violenta se le dificulta la defensa de sus derechos.
Todo el Estado costarricense debe avanzar en los compromisos adquiridos por el país tanto en las políticas de prevención, como de atención y protección a las víctimas; ningún eslabón del sistema puede dejar de cumplir su compromiso, sin que afecte al otro componente y con ello la vida de las mujeres y salud pública. No es un acto individual de acuerdo con cada institución; la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia, requiere la atención y abordaje de todo el Estado y también de leyes que posibiliten acciones rápidas de las instituciones para la erradicación de la violencia.
Creemos en una sociedad más justa y equitativa y, en ese camino, la Defensoría de los Habitantes enfilará acciones con el propósito de que tanto hombres como mujeres aprendan a convivir en una sociedad menos violenta y más comunicativa.
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República
La naturaleza y la magnitud de la violencia doméstica presente en la vida cotidiana de muchas mujeres en Costa Rica impactan e inciden negativamente en la vida personal de sus víctimas y en la calidad de vida del resto del núcleo familiar.
Reiterados informes de organismos internacionales de salud como la OMS o la OPS dan cuenta del impacto que la violencia física y psicológica tiene en la vida de las mujeres:
“En relación con el impacto de la violencia en la salud, la violación y la violencia doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva. Además de heridas, hematomas, fracturas, pérdida de capacidad auditiva, desprendimiento de la retina, enfermedades de transmisión sexual, abortos e incluso femicidios, las mujeres blanco de la violencia pueden padecer de estrés crónico y, como consecuencia de enfermedades tales como hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Frecuentemente, como resultado del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren de dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. Asimismo, las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por tener muy baja autoestima que afecta directamente su comportamiento, su productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar ayuda y denunciar un caso”.
Esta problemática social requiere ante todo prevención. El país debe abocarse a mayor inversión en capacitación y sensibilización, con la consolidación de los fundamentos para una sociedad de paz, con menos asimetrías entre los hombres y las mujeres, así como mediante la prohibición y sanción de las manifestaciones de la violencia en contra de las mujeres y de la información a ellas de sus derechos, se puede lograr reducir significativamente los actos de violencia que lamentablemente estamos viviendo en Costa Rica.
Lo acontecido el 15 de octubre del 2008 en la Sala Constitucional cuando se declaró inconstitucionales los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, nos coloca en un retroceso en la protección de los derechos. Desde la perspectiva de la Defensoría, la eliminación de las figuras del maltrato y agresión psicológica del sistema legal costarricense —que son las acciones que más sufren las mujeres, y que ocupaban más del 70% del total de las denuncias planteadas—, se obstaculiza la posibilidad de que muchas mujeres se mantengan libres de violencia e incluso, se impide la posibilidad de evitar la forma de violencia más extrema, que las atrapa en las manos mortales de sus parejas.
De ahí la importancia que esas limitaciones planteadas en el Código Penal actual fueran superadas mediante una ley especial; en el caso del maltrato ya no se exigía el reconocimiento médico a través de una incapacidad como lo requiere el delito de lesiones vigente, mientras que en la violencia emocional cualquier persona podía presentar la denuncia ante la policía o el Ministerio Público y no como hasta ahora que solo la persona afectada lo puede hacer efectivo. Estos cambios en la legislación actual son necesarios porque les dan una especificidad a los delitos y posibilita un mayor involucramiento de las autoridades competentes y una responsable participación ciudadana, cuando a ella por sus propias condiciones del ciclo de la violenta se le dificulta la defensa de sus derechos.
Todo el Estado costarricense debe avanzar en los compromisos adquiridos por el país tanto en las políticas de prevención, como de atención y protección a las víctimas; ningún eslabón del sistema puede dejar de cumplir su compromiso, sin que afecte al otro componente y con ello la vida de las mujeres y salud pública. No es un acto individual de acuerdo con cada institución; la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia, requiere la atención y abordaje de todo el Estado y también de leyes que posibiliten acciones rápidas de las instituciones para la erradicación de la violencia.
Creemos en una sociedad más justa y equitativa y, en ese camino, la Defensoría de los Habitantes enfilará acciones con el propósito de que tanto hombres como mujeres aprendan a convivir en una sociedad menos violenta y más comunicativa.
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República