Una tragedia que pudo evitarse

Cinco vidas truncadas. Cinco personas acabaron trágica e inesperadamente su existencia solo por haber tenido que tomar un autobús para trasladarse adonde sus obligaciones las requerían. Esta es la triste realidad con que comenzamos el día ayer ante la noticia del colapso del puente sobre el Río Grande de Tárcoles que precipitó a un autobús de servicio público con saldo de cinco fallecidos y 33 heridos según el reporte de la Cruz Roja al cierre de esta edición. Cuando una tragedia semejante sucede por un accidente que nadie pudo prever, de por sí, es un hecho lamentable que deja a muchas familias sumidas en el dolor. Pero si el hecho es algo que se preveía y que pudo evitarse, al dolor se suman muchas otras sensaciones y razonamientos. Hay preguntas inevitables. ¿Cómo intentar repartir responsabilidades por los hechos y especialmente por las omisiones si no se ejerció el debido control sobre las actuaciones de subalternos por parte de las máximas autoridades, como corresponde? ¿Cómo comprender que desde 2002, es decir, hace siete años un puente nuevo que debía sustituir al hoy colapsado, se encuentra guardado en el Plantel de Colima de Tibás del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según informó la propia Ministra del ramo a LA REPUBLICA ayer? ¿Podrán comprender esto las familias de los cinco muertos y los 33 heridos por el accidente? Desde 2007 este medio viene publicando reportajes y notas en los que señala la urgencia de reparar o sustituir los puentes del país que, en su mayoría han llegado al final de su vida útil. Seis editoriales en ese sentido se han publicado desde entonces y en el último decíamos “¿será que hay que esperar una tragedia con víctimas humanas además de pérdidas materiales para que se tome la decisión de emprender las acciones que sean necesarias?”. La tragedia ya sucedió. Cinco personas murieron. Esto no puede ser un juego que gane quien mejor sepa inventar excusas o diferir responsabilidades. Los costarricenses merecen mucho más que eso. Merecen que las autoridades que cada cuatro años eligen para administrar el país y velar por la seguridad y la buena calidad de vida de los habitantes cumplan realmente con su trabajo. A nadie se le obliga para que asuma esas responsabilidades. Las asumen solo quienes, supuestamente, están en disposición de cumplirlas.

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