¿Tenemos un precio?
| Lunes 02 abril, 2012
¿Tenemos un precio?
Paola Delbosco y Pedro Frías del IAE Business School, Universidad Austral de Argentina, comparten datos recientes basados en el estudio de Transparency International: “Brive Payers Index 2011” (Indice del pago de sobornos). Afirman que los actos corruptos generan efectos entre los actores privados y los agentes del estado. Existen decisiones personales que se vuelven colectivas.
Una de las definiciones de corrupción es: “uso indebido del poder”. Tema de “salud pública”. Nos afecta a todos. Asimismo genera un pasivo social enorme (genera una deuda de justicia). El estudio revela que los mejores puntajes de transparencia en el 2011 fueron para Nueva Zelanda 9,5; Dinamarca 9,4; Finlandia 9,4; Suecia 9,3; Singapur 9,2, entre otros. En Latinoamérica: Chile 7,2; Uruguay 7; Puerto Rico 5,6; Costa Rica 4,8 (sube pues estaba en 5,3); Cuba 4,2; Brasil 3,8; El Salvador 3,4; Colombia 3,4; Perú 3,4; Jamaica 3,3; Panamá 3,3; Argentina 3 y México 3. La pregunta es: ¿tienen estos primeros países esta misma transparencia cuando actúan fuera de sus fronteras? ¿Cuándo llegan a nuestras tierras? Un puntaje inferior a tres es señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada. Entre los países latinoamericanos con índices por debajo de tres encontramos a Bolivia 2,8; Ecuador y Guatemala 2,7; República Dominicana y Honduras 2,6; Nicaragua 2,5; Paraguay 2,2; Venezuela 1,9 y Haití 1,8.
Los sectores más afectados por la corrupción, según este informe, son los partidos políticos, los funcionarios políticos de la administración pública, el parlamento, el poder legislativo, las empresas del sector privado, el poder judicial y los medios de comunicación. En un estudio de sobornos a funcionarios públicos por sectores, encabezan los contratos de construcción de obras públicas, seguidos por el desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, manufactura pesada, minería, farmacéutica y servicios médicos, entre otros.
Existen tres tipos de corrupción: estructural (obedece a factores histórico-culturales y al nivel de desarrollo económico), institucional (median en nivel de calidad democrática, la libertad de prensa, la participación civil y el cumplimiento de las leyes) y económica (intervienen los incentivos y las regulaciones). Estos tipos de corrupción son aplicables a cualquier sector.
Delbosco señala dentro de las causas de esta realidad: 1. Bajo nivel de compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción; 2. movimientos sindicales con intereses espurios; 3. creciente dependencia política del Poder Judicial, lentitud de la actuación judicial; 4. prescripción de causas por corrupción; 5. las “reelecciones indefinidas” facilitan la emergencia de oportunidades para la corrupción; 6. la burocracia engorrosa; 7. las normas ineficientes.
¿Qué se puede mejorar? 1. Fortalecer una normativa específica que regule y proteja a los denunciantes de actos de corrupción; 2. apoyar una ley nacional de acceso a la información pública; 3. generar transparencia y cumplimiento de la normativa sobre financiamiento político; 4. reforzar los órganos de control.
¿Qué podemos hacer nosotros? No ceder. La corrupción se enriquece cuando existen personas que la aceptan pasivamente. No queremos un país más infectado por la corrupción. Nos jugamos su futuro.
Helena María Fonseca
Empresaria
hf@eecr.net
Paola Delbosco y Pedro Frías del IAE Business School, Universidad Austral de Argentina, comparten datos recientes basados en el estudio de Transparency International: “Brive Payers Index 2011” (Indice del pago de sobornos). Afirman que los actos corruptos generan efectos entre los actores privados y los agentes del estado. Existen decisiones personales que se vuelven colectivas.
Una de las definiciones de corrupción es: “uso indebido del poder”. Tema de “salud pública”. Nos afecta a todos. Asimismo genera un pasivo social enorme (genera una deuda de justicia). El estudio revela que los mejores puntajes de transparencia en el 2011 fueron para Nueva Zelanda 9,5; Dinamarca 9,4; Finlandia 9,4; Suecia 9,3; Singapur 9,2, entre otros. En Latinoamérica: Chile 7,2; Uruguay 7; Puerto Rico 5,6; Costa Rica 4,8 (sube pues estaba en 5,3); Cuba 4,2; Brasil 3,8; El Salvador 3,4; Colombia 3,4; Perú 3,4; Jamaica 3,3; Panamá 3,3; Argentina 3 y México 3. La pregunta es: ¿tienen estos primeros países esta misma transparencia cuando actúan fuera de sus fronteras? ¿Cuándo llegan a nuestras tierras? Un puntaje inferior a tres es señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada. Entre los países latinoamericanos con índices por debajo de tres encontramos a Bolivia 2,8; Ecuador y Guatemala 2,7; República Dominicana y Honduras 2,6; Nicaragua 2,5; Paraguay 2,2; Venezuela 1,9 y Haití 1,8.
Los sectores más afectados por la corrupción, según este informe, son los partidos políticos, los funcionarios políticos de la administración pública, el parlamento, el poder legislativo, las empresas del sector privado, el poder judicial y los medios de comunicación. En un estudio de sobornos a funcionarios públicos por sectores, encabezan los contratos de construcción de obras públicas, seguidos por el desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, manufactura pesada, minería, farmacéutica y servicios médicos, entre otros.
Existen tres tipos de corrupción: estructural (obedece a factores histórico-culturales y al nivel de desarrollo económico), institucional (median en nivel de calidad democrática, la libertad de prensa, la participación civil y el cumplimiento de las leyes) y económica (intervienen los incentivos y las regulaciones). Estos tipos de corrupción son aplicables a cualquier sector.
Delbosco señala dentro de las causas de esta realidad: 1. Bajo nivel de compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción; 2. movimientos sindicales con intereses espurios; 3. creciente dependencia política del Poder Judicial, lentitud de la actuación judicial; 4. prescripción de causas por corrupción; 5. las “reelecciones indefinidas” facilitan la emergencia de oportunidades para la corrupción; 6. la burocracia engorrosa; 7. las normas ineficientes.
¿Qué se puede mejorar? 1. Fortalecer una normativa específica que regule y proteja a los denunciantes de actos de corrupción; 2. apoyar una ley nacional de acceso a la información pública; 3. generar transparencia y cumplimiento de la normativa sobre financiamiento político; 4. reforzar los órganos de control.
¿Qué podemos hacer nosotros? No ceder. La corrupción se enriquece cuando existen personas que la aceptan pasivamente. No queremos un país más infectado por la corrupción. Nos jugamos su futuro.
Helena María Fonseca
Empresaria
hf@eecr.net