Imagen Shutterstock/La República
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De ahora en adelante, quien ofrezca, prometa u otorgue, en forma directa o por medio de intermediario, a un funcionario público un soborno, será castigado con una pena carcelaria de entre dos y diez años de cárcel.

Así lo estipula la reforma a ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que fue aprobada esta tarde por los diputados en primer debate.

La pena más alta recaería sobre quien intente que el funcionario público realice una actividad en contra de sus deberes.

Con la nueva ley, el país logrará cumplir con los más altos estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en relación con la lucha contra el soborno transnacional.

“Para nuestro país es vital contar con legislación actual y robusta que nos permita prevenir y combatir el soborno transnacional, el cual, sin duda, debilita el buen gobierno. Como miembro de la comunidad internacional, Costa Rica está en la obligación de unirse a las naciones que combaten la corrupción que pueda suscitarse en las transacciones público-privadas internacionales, por lo que la aprobación de este proyecto de ley en primer debate evidencia el compromiso país por caminar en ese objetivo”, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.

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