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Lunes 4 Octubre, 2010

¿Seguridad jurídica en Costa Rica?

La seguridad jurídica es uno de los componentes más importantes de la democracia. Se define como la certeza de un derecho y se origina en la palabra latina “securitas”, que significa “sin temor” o “despreocupado”. Esta certeza no solamente tiene que existir en la publicación y el conocimiento de la ley, sino en su aplicación.
La Sala Constitucional ha definido la seguridad jurídica como “la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes”.
La inversión, tanto nacional como extranjera y sobre todo la de largo plazo, se basa en buena parte en la seguridad jurídica que se le ofrece al inversionista, quien arriesga su capital asumiendo que las normas jurídicas son claras, y que serán aplicadas y resguardadas debidamente por el Estado, incluido el Poder Judicial.
Dichosamente, los costarricenses estamos acostumbrados a contar con un aparato estatal que, tradicionalmente y salvo ciertas excepciones, ha fomentado y respetado la seguridad jurídica. Esto había permitido dar por descontado que el Estado respetaría las relaciones contractuales, concesiones, permisos o licencias que él mismo firmó u otorgó.
Sin embargo, en años recientes se viene dando una mayor ligereza en la toma de decisiones por parte de diferentes órganos del Estado, y esto lleva a un notable aumento de la inseguridad jurídica. Ejemplos abundan: la situación con los permisos y las concesiones en Playa Grande y Baulas, los permisos para el funcionamiento del acueducto de Sardinal, la concesión del proyecto minero de Crucitas y el contrato para la inspección técnica de vehículos. En todos estos casos existe algún tipo de documento otorgado por el Estado al amparo del ordenamiento jurídico. Pero luego, por intereses de diversa índole y/o por presiones de grupos organizados, el Estado asume una peligrosa actitud de reconsideración y en algunas situaciones incluso se desdice y da por terminados los contratos, o anula permisos o concesiones.
En ese proceso de “reconsideración”, para añadir aún más inseguridad jurídica, participan múltiples entidades, estatales, municipales y judiciales, que muchas veces cuentan con competencias traslapadas y se contradicen. Entonces surgen muchas interrogantes, como: ¿cuándo puede el inversionista estar verdaderamente seguro de que el proyecto en que ha invertido o pretende hacerlo se podrá llevar a cabo?, ¿cuál es la institución cuya palabra es la que más vale?, ¿en cuál de todos los papeles o permisos puede confiar un inversionista?
Debemos recordar que Costa Rica forma parte de una serie de acuerdos internacionales que protegen la inversión extranjera. Consecuentemente, la ligereza del Estado en la toma de decisiones o en la reconsideración irresponsable de relaciones jurídicas, no solo tiene un impacto negativo en la imagen del país sino que pueden generar demandas millonarias en tribunales arbitrales internacionales que actuarán con base en estándares mundiales.
Los diferentes órganos del estado, incluyendo los municipales, tienen que actuar con mucha mayor responsabilidad y fomentar la seguridad jurídica. Es mucho lo que está en juego.

David Gutiérrez
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