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Viernes 19 Abril, 2013

El próximo gobierno debe tomar decisiones difíciles intelectual y políticamente. Por ello requerirá de una calidad técnica y gerencial muy superior a la de las últimas décadas y elevados niveles de autoridad moral, legitimidad y confianza ante la población


Responsables de la gobernabilidad

El país no está para que desde la política se lancen campanas al vuelo o se endulcen los oídos de la población.
Costa Rica avanza a paso de tortuga en lo económico, mientras se deteriora en áreas importantes como la distribución del ingreso y el funcionamiento de la administración pública.
El próximo gobierno debe tomar decisiones difíciles intelectual y políticamente. Por ello requerirá de una calidad técnica y gerencial muy superior a la experimentada en las últimas décadas y de elevados niveles de autoridad moral, legitimidad y confianza ante la población.
De esas virtudes se deriva la gobernabilidad. Pero esta no es solo responsabilidad del gobierno; también de otros sectores.
Se requieren mayores estándares éticos y una visión amplia, situada en el mediano plazo y no en los intereses inmediatos.
Ante estas realidades, ¿qué pedimos y esperamos algunos ciudadanos?
Primero, grandes empresarios: opónganse abiertamente a la corrupción aunque la ideología económica de quienes la practiquen beneficie a algunos de ustedes.
Analicen al receptor de sus contribuciones financieras pues podrían estar cavando su propia tumba si en campaña siguen ayudando a que la corrupción, la impunidad, la ineficiencia, el “platinismo”, la politiquería y el clientelismo lleguen al poder.
Las grandes empresas, incluyendo las empresas en Zonas Francas, deben pagar más impuestos. Acepten una ideología redistribuidora de las cañas de pescar. Acéptenlo porque si no perderemos la unidad del país y por lo tanto nuestra paz.
Cuanto más cerca esté el rico del pobre más lejos estarán la inestabilidad social, la tensiones políticas, los mesías populistas y los apóstoles de las fórmulas mágicas.
Segundo, empleados públicos: defiendan las instituciones con trabajo duro, honestidad y vocación de servicio.
Nada ayuda más al argumento de los privatizadores y a los detractores del papel del Estado que la ineficiencia, los abusos y la corrupción dentro del sector público.
No es justo que el pequeño y mediano empresario se sacrifique para poder cumplir con el pago de sus impuestos, con trámites engorrosos y con onerosas cargas sociales, mientras que los empleados públicos no compensen con un desempeño de excelencia las garantías y estabilidad de que disfrutan.
El país no puede mantener privilegios excesivos para algunos grupos de empleados públicos, sean gerentes bancarios, directivos de instituciones, médicos o beneficiarios de algunas convenciones colectivas.
El Estado es medio para atender las necesidades de los que necesitan del Estado; no fin para los que ahí trabajan.
La corrupción, el abuso y la ineficiencia son igualmente execrables, se originen en políticos o en empleados públicos.
Comprendan (empleados públicos) que deben cerrarse instituciones que sobren y que otras deben fusionarse. Esto implicará que muchos empleados tendrán que irse a su casas aunque para ello sea necesario mantenerles su salario.

Ottón Solís