Enviar
Sábado 28 Agosto, 2010


El Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, es una iniciativa que responde a una deuda histórica que el pueblo costarricense tiene con este grupo de habitantes originarios

Reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas

Los acontecimientos a propósito de la decisión de un grupo de indígenas de exigir pacíficamente la convocatoria del “Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, no debe desviar la atención sobre la importancia intrínseca que presenta esta iniciativa.
Los grupos indígenas han sido históricamente marginados, discriminados e ignorados. Los esfuerzos hechos en el pasado, se tradujeron en normas jurídicas que no consideraron plenamente sus costumbres, tradiciones y derechos, fundamentalmente aquel que les permite decidir sobre sus propios destinos como grupo, acorde a sus estructuras de decisión.
Es por eso que el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, se constituye en una iniciativa que responde a una deuda histórica que el pueblo costarricense tiene con este grupo de habitantes originarios, pero que además es el producto de un debate político que tiene muchos años de estarse gestando en el Congreso de la República. En la pasada legislatura recibió el más importantes impulso que concluyó con el dictamen afirmativo de mayoría por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en la que estaban representadas las fracciones legislativas que actualmente se encuentran en el Congreso. El proyecto fue debidamente consultado a los habitantes de los pueblos indígenas.
Es necesario decir que esta iniciativa tiene como objetivo principal crear un marco que respalde jurídica, financiera y socialmente los pueblos indígenas asentados en nuestro territorio, mediante la autodeterminación, respeto de sus derechos, costumbres, tradiciones en las que radica su autenticidad. También se crean mecanismos para garantizar sus derechos humanos y culturales, tal y como lo enuncia su articulado.
La sociedad costarricense, está pasando por un momento de trascendental importancia en la reivindicación de los derechos de minorías. La Sala Constitucional del pasado 10 de agosto, afirmó —apropósito del fallido refrendo— que los grupos en desventaja y objeto de discriminación, requieren del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales, es por eso que no resulta comprensible que esos poderes públicos desaprovechen la oportunidad de reivindicar los derechos humanos del grupo que tiene más tiempo de esperarlo.

Luis Fallas Acosta
Defensor Adjunto de los Habitantes