Protejamos a las municipalidades sin arruinar agricultores
| Sábado 11 agosto, 2012
Protejamos a las municipalidades sin arruinar agricultores
El Proyecto de Ley N°18070 no perjudicará las finanzas de los gobiernos locales.
El sector agropecuario costarricense se encuentra consternado ante las afirmaciones de que el Proyecto de Ley N°18070 denominado “Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos” llevará a la quiebra a las municipalidades.
El problema que existe con el cálculo de impuesto a los bienes inmuebles radica en que dicha estimación se basa en unas “Plataformas de Valor” creadas bajo “criterios urbanísticos”, lo que provoca que el valor de los terrenos para uso agropecuario, se eleve en forma desproporcionada e irracional al considerar como iguales todas las actividades económicas del país en términos de capacidad de pago, por estas razones, una disminución menor de un 80% es irresponsable de aceptar.
La propuesta principal del proyecto del Ley N°18070 es la creación de un factor de corrección denominado “uso agropecuario”, cuyo valor se establece en el 0,20% y que corrige los valores desproporcionados de las nuevas PVZH. Este factor incluso se menciona en el artículo 10 Bis de la Ley N°7509 de 1997, por lo que no estamos solicitando nada que no corresponda por ley.
Para ser más precisos, veamos un ejemplo: Un ganadero de Upala, cuya propiedad estaba valorada en ¢3,5 millones, informó que con la modificación al impuesto territorial, la misma propiedad se valora ahora en ¢171 millones. Con el valor anterior, el impuesto que debía pagar era de ¢8 mil, pero con el de ahora, se eleva a ¢430 mil, es decir, un incremento de 4819%.
El sector agropecuario está de acuerdo con la actualización del valor de las tierras, pero nos oponemos a esta valoración desproporcionada de las tierras agropecuarias.
Queremos apoyar a las municipalidades y que estas obtengan más recursos económicos. Con el proyecto de Ley N°18070 las arcas de los municipios se verán favorecidas, ya que con la actualización del valor de las propiedades recaudarán entre dos y tres veces más de lo que actualmente perciben por concepto del impuesto de bienes inmuebles.
Lo que no se vale es que los municipios utilicen argumentos populistas e irracionales para asustar al pueblo diciendo que el Proyecto de Ley N°18070 acabará con las municipalidades y que además, supuestamente el sector agropecuario se opone al progreso de las zonas rurales. Los ayuntamientos afirman que dependen en mayor parte de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, lo que no deben olvidar es que la aplicación de las Plataformas de Valor se está dando a partir de 2012, por tanto, lo que tienen es una previsión de ingresos, no ingresos reales.
Amenazar a los agricultores que están produciendo nuestros alimentos para favorecer con este impuesto a municipalidades que, en la mayoría de los casos, no han sido capaces a la fecha de ejecutar bien los presupuestos actuales, es un sinsentido.
Nuestra iniciativa busca proteger de la insolvencia a los agricultores, pretende la certeza jurídica en la aplicación de las nuevas herramientas de valoración de terrenos, la preservación de su uso agropecuario, la justicia fiscal y gobiernos locales más fortalecidos.
Alvaro Sáenz Saborío
Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
El Proyecto de Ley N°18070 no perjudicará las finanzas de los gobiernos locales.
El sector agropecuario costarricense se encuentra consternado ante las afirmaciones de que el Proyecto de Ley N°18070 denominado “Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos” llevará a la quiebra a las municipalidades.
El problema que existe con el cálculo de impuesto a los bienes inmuebles radica en que dicha estimación se basa en unas “Plataformas de Valor” creadas bajo “criterios urbanísticos”, lo que provoca que el valor de los terrenos para uso agropecuario, se eleve en forma desproporcionada e irracional al considerar como iguales todas las actividades económicas del país en términos de capacidad de pago, por estas razones, una disminución menor de un 80% es irresponsable de aceptar.
La propuesta principal del proyecto del Ley N°18070 es la creación de un factor de corrección denominado “uso agropecuario”, cuyo valor se establece en el 0,20% y que corrige los valores desproporcionados de las nuevas PVZH. Este factor incluso se menciona en el artículo 10 Bis de la Ley N°7509 de 1997, por lo que no estamos solicitando nada que no corresponda por ley.
Para ser más precisos, veamos un ejemplo: Un ganadero de Upala, cuya propiedad estaba valorada en ¢3,5 millones, informó que con la modificación al impuesto territorial, la misma propiedad se valora ahora en ¢171 millones. Con el valor anterior, el impuesto que debía pagar era de ¢8 mil, pero con el de ahora, se eleva a ¢430 mil, es decir, un incremento de 4819%.
El sector agropecuario está de acuerdo con la actualización del valor de las tierras, pero nos oponemos a esta valoración desproporcionada de las tierras agropecuarias.
Queremos apoyar a las municipalidades y que estas obtengan más recursos económicos. Con el proyecto de Ley N°18070 las arcas de los municipios se verán favorecidas, ya que con la actualización del valor de las propiedades recaudarán entre dos y tres veces más de lo que actualmente perciben por concepto del impuesto de bienes inmuebles.
Lo que no se vale es que los municipios utilicen argumentos populistas e irracionales para asustar al pueblo diciendo que el Proyecto de Ley N°18070 acabará con las municipalidades y que además, supuestamente el sector agropecuario se opone al progreso de las zonas rurales. Los ayuntamientos afirman que dependen en mayor parte de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, lo que no deben olvidar es que la aplicación de las Plataformas de Valor se está dando a partir de 2012, por tanto, lo que tienen es una previsión de ingresos, no ingresos reales.
Amenazar a los agricultores que están produciendo nuestros alimentos para favorecer con este impuesto a municipalidades que, en la mayoría de los casos, no han sido capaces a la fecha de ejecutar bien los presupuestos actuales, es un sinsentido.
Nuestra iniciativa busca proteger de la insolvencia a los agricultores, pretende la certeza jurídica en la aplicación de las nuevas herramientas de valoración de terrenos, la preservación de su uso agropecuario, la justicia fiscal y gobiernos locales más fortalecidos.
Alvaro Sáenz Saborío
Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria