Productores temen lluvia de demandas por maltrato animal
“Estamos satisfechos con las excepciones que se hicieron en la ley para el sector productor, aunque nos queda la duda sobre lo que podría significar para el sistema judicial”, aseveró Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero. Esteban Monge/La República
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Aunque se establecieron una serie de excepciones para proteger al sector productivo, los empresarios temen que los grupos animalistas abusen de la nueva Ley de Bienestar Animal.

Juicios interminables, el pago de abogados y la reducción de la producción serían algunas de las consecuencias de la normativa, dijo Renato Alvarado, presidente de la Cámara de Porcicultores.

La preocupación de los empresarios se debe a que los defensores de los animales, podrían ver en ciertas prácticas productivas, “un destello de crueldad intencional y aprovechando el impulso de la nueva ley”, tratarían de restringir la actividad productiva, cambiando su modus operandi y hasta encareciendo la producción.

La normativa que se aprobó ayer en primer debate y que establece hasta tres años de prisión, es clara al exonerar de cualquier pena la pesquería, la ganadería y el control sanitario, entre otras actividades.

Asimismo, no considera como maltrato animal el disfrute de la monta taurina, los topes y el desfile de boyeros.

Sin embargo, aún pesan muchas dudas sobre los sectores productivos, porque en los últimos meses se generó una fuerte presión para aprobar la ley e incluso se amenazó con un referendo sobre el mismo tiempo.

“Para los grupos defensores de animales, algunas prácticas productivas podrían ser consideradas como agresión o crueldad, por lo que no podemos descartar juicios y embrollos de ese tipo.

Lamentamos mucho que amenacen con un referendo irresponsable para votar un proyecto que aún debe ser debatido y que podría generar una gran cantidad de demandas”, agregó Alvarado.

Por otra parte, existe preocupación en el sector productivo por la presión que generaría en el sistema judicial, una lluvia de demandas por maltrato animal, sobre todo, tras los pronunciamientos de la Defensa Pública, que se opuso al proyecto por falta de recursos y por considerar desproporcionadas las penas.

“Estamos satisfechos con las excepciones que se hicieron en la ley para el sector productor, aunque nos queda la duda sobre lo que podría significar para el sistema judicial atender este tema”, aseveró Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero.

La Ley de Bienestar Animal establece hasta tres años de prisión para quien mate con alevosía a una criatura, asimismo, se imponen penas económicas que alcanzan los ¢850 mil por mantener a los animales bajo condiciones insalubres.

Las peleas de perros y gallos, así como el maltrato intencional también serán sancionados por la ley.

El proyecto será estudiado por los magistrados de la Sala IV, que evaluarán su legalidad durante un mes.

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