Por un control político responsable

El país requiere acuerdos políticos para poder construir nuevos caminos hacia el desarrollo. De este modo, los diversos partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa debemos anteponer el interés nacional por encima del interés particular, pensando siempre en el bienestar del país y cumpliendo con nuestro deber de probidad.
Y es que no hay forma de entender por qué un disgusto de ciertos partidos de oposición con el Poder Ejecutivo ha provocado la paralización de proyectos de la agenda legislativa, como el Expediente 17.677 para la Transparencia Fiscal, el cual busca brindarle mejores herramientas a la Administración Tributaria para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras además de introducir en la legislación nacional estándares internacionales de transparencia emitidos por la OCDE, lo que le permitiría al país no ser considerado un “paraíso fiscal”.
En igual situación se encuentra el Expediente 18.041 “Fortalecimiento de la gestión tributaria y aduanera” que por una parte trata de dotar al sistema sancionador tributario y aduanero de mecanismos que faciliten su aplicación y logren una mejor y mayor efectividad, a la vez que busca subsanar problemas de concepción de los modelos tributario y aduanero vigentes.
El país necesita con urgencia mejorar su situación fiscal, pero pese a ello el plenario legislativo se encuentra en este momento imposibilitado de avanzar en la discusión de los proyectos necesarios. No se puede errar de esta manera.
La aprobación de proyectos de ley es responsabilidad absoluta del Primer Poder de la República, y sería poco ético e inmaduro manifestar a los y las costarricenses que, por un hecho que no tiene relación alguna con las iniciativas de ley, estas no serán aprobadas o estarán sujetas aprobación si no se cumplen las exigencias de un grupo de diputados y diputadas.
Además, esta situación solo contribuye a la problemática del país, por no permitir la creación de herramientas necesarias para el cobro eficiente y oportuno de los impuestos.
Y es que, si bien el ejercicio del control político es correcto y ético, contribuir con el deterioro fiscal del país, favorecer la evasión fiscal y perpetuar el doble discurso no lo es.
Tampoco continuar castigando a las y los ciudadanos costarricenses que han solicitado un préstamo para tener vivienda digna, limitando la oportunidad de bajar sus tasas de interés.
Señoras y señores, seamos facilitadores para la solución de los problemas nacionales, realicemos un control político responsable en beneficio del país, no castiguemos a quienes más necesitan y no seamos facilitadores del deterioro fiscal.
Ya hemos dado muestras de madurez política y las circunstancias exigen que sigamos por ese buen camino.

Siany Villalobos Arguello
Subjefa Fracción PLN
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