Por la representación del pueblo
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 14 junio, 2008
La costumbre adoptada por muchos diputados de dejar las filas del partido que los llevó hasta la curul, no es una situación nueva en la Asamblea Legislativa; más bien representa un eslabón de una larga cadena que no ha podido ser cortada por muchos años.
La práctica de hacer casa aparte cada vez que las diferencias con el partido político que los cobija son irreconciliables, se ha vuelto más que común en los legisladores costarricenses.
Parece más sencillo dejar de lado los colores políticos que llevaron a esas personas a la Asamblea y declararse “independientes”; es decir, pasan a ser miembros de un nuevo grupo que legalmente no existe, representantes de una masa imaginaria de costarricenses que nunca ejercieron su derecho de elección por una disposición de este tipo.
Cada cuatro años, los ciudadanos acuden a las urnas a votar por un color político, respaldado este por una ideología y un plan de gobierno o de trabajo claramente establecidos. Resulta poco consecuente entonces que de la noche a la mañana surja un nuevo “representante del pueblo” —un voto de 57— que ya no comulgue y apoye las decisiones del grupo por el cual muchos costarricenses fueron a las urnas.
Mucho se ha discutido acerca de si esta es la mejor opción de representatividad; sin embargo, es lo que está vigente en la actualidad.
No obstante, esto no implica que debamos conformarnos. Nuestra Asamblea Legislativa requiere con urgencia regulaciones más específicas para atender estas situaciones.
No se trata necesariamente de cambiar de un sistema semipresidencialista a uno más parlamentario, o de comenzar a probar si nos conviene una democracia mayor o menor participativa. Se trata más bien de poner las reglas claras, de llevar la moralidad de todo un pueblo y transformarla en una legalidad expresa mediante leyes y reglamentos.
Desde hace muchos años duerme en el propio Congreso una reforma electoral. Bueno sería que de una vez por todas el tema comience a ser discutido con la seriedad que merece, y se dejen de lado los intereses políticos que cada cuatro años afloran.