Política económica inquieta a sectores y analistas
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Tímidas medidas no son congruentes con situación crítica

Política económica inquieta a sectores y analistas

Solís pide paciencia y asegura que país va por buen camino

Las medidas económicas planteadas por Luis Guillermo Solís en su informe de 100 días de gestión dejan serias dudas entre distintos sectores productivos.
Estos alegan que las propuestas del gobierno no guardan proporción con la crítica situación económica que el informe describió.


Sostienen que en la mayoría de los casos la intención de lo planteado es loable, pero el impacto sería mínimo o se manifestaría a largo plazo.
“Ha habido poco avance y las señales por parte del gobierno no han sido claras. Sin embargo, nos ponemos a la orden para trabajar con ellos para que el país avance”, indicó Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio.
El Presidente por su parte pide paciencia, exige que lo dejen gobernar y asegura que ya se están haciendo cosas importantes para lograr el cambio en Costa Rica.
Política fiscal, política monetaria y competitividad son las tres áreas en las que distintos actores económicos reclaman mayor claridad y contundencia.
Economistas y empresarios coinciden en que la situación fiscal del país requiere medidas efectivas y de corto plazo.
En esta materia, el informe evidencia que el gobierno se ha enfocado en aumentar la recaudación y no ha hecho un esfuerzo equivalente por reducir el gasto público.
Sobre este tema, Solís se defendió argumentando que “casi el 90% del gasto es rígido” y que las soluciones pasan más por “aumentar la competitividad y la producción”. Además anunció la creación de una plataforma de transparencia para que “cualquier persona tenga acceso a todo tipo de información pública que tenga derecho a escrutar”.
El gobierno estima aumentar la recaudación en un 14%, meta que no parece ser muy realista si se toma en cuenta el parámetro histórico.
En cuanto a los gastos, el Presidente presenta propuestas que van en la dirección correcta. Congelar el 85% de plazas vacantes, reducir consultorías y poner tope a las pensiones, son las medidas más aplaudidas.
Sin embargo, estas acciones resultan tímidas ante la magnitud del desafío. No representan una reducción de los gastos, sino una merma en su crecimiento.
También preocupa a los economistas que el gobierno considere los créditos como un mecanismo para financiar la infraestructura. Esto es peligroso porque no representan un ingreso, sino un compromiso que eventualmente hay que saldar.
El gobierno deberá ser cuidadoso con los proyectos a impulsar y medir adecuadamente la capacidad de ejecución y el valor que pueden generarles al Estado y a los ciudadanos.
En cuanto a la política cambiaria, política monetaria y la participación activa del Banco Central en la economía, algunos analistas también difieren de las propuestas esbozadas por el Presidente en su discurso.
Parece ser que el gobierno planea utilizar al Banco Central para hacer crecer la economía, lo que representa un riesgo de alta inflación, ocasionado por tasas de interés artificialmente bajas.
El Banco Central no debe ser utilizado para generar un crecimiento, al menos nominal a corto plazo. Ni tiene capital para hacerlo ni es la vía correcta, porque a largo plazo, una mayor cantidad de dinero no garantizaría un crecimiento proporcional.
Por otra parte, la decisión de este gobierno de reducir la volatilidad cambiaria también preocupa a algunos economistas que lo consideran riesgoso.
Mantener el tipo de cambio dentro de un rango muy pequeño, reduciendo las bandas en la práctica, puede generar un falso sentido de estabilidad que generaría incentivos indeseables.
Por ejemplo, puede provocar el endeudamiento en dólares por parte de actores que no generan divisas, quienes, ante cambios abruptos en el contexto internacional, podrían perder su capacidad de pago. Ante esto, si el banco decide apostar por reducir la volatilidad asumirá gran parte de este riesgo.
Por último, los sectores productivos más importantes también reclaman la falta de atención del Presidente al tema de la competitividad.
Cuando entre los economistas se da casi como un hecho que Moody's reducirá su calificación a la deuda costarricense, el discurso del presidente Solís hace poco para restaurar la confianza de los inversionistas.
El alto costo de la electricidad es un factor que preocupa de manera especial al sector empresarial y la solución no vendrá hasta en 18 meses, según el plazo que anunció el presidente Solís.
“La pérdida de competitividad en materia energética está afectando la creación de empleo. Necesitamos acciones de corto plazo para lograr que las condiciones mejoren”, afirmó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
La falta de infraestructura, las deficiencias en el acceso y la gestión de los servicios públicos, tramitología excesiva y un esquema tributario engorroso son otros factores que los empresarios nacionales y extranjeros piden que se atiendan.
Además, los conflictos sociales también son una amenaza a la productividad y la generación de empleo. Es por esto que el sector empresarial pidió rechazar la Reforma Procesal Laboral, situación que pone en una encrucijada a la fracción del oficialismo en el Congreso.
“Nos alegra que el Presidente esté tratando el tema de la Reforma Procesal Laboral con la seriedad que se requiere y que no se deje presionar por algunos grupos en este sentido”, comentó Ronald Jiménez, presidente de Uccaep.

Redacción
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@La_Republica


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