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Informe de la Contraloría revela deficiencias en distribución del personal destinado a seguridad ciudadana
Policía flaquea en manejo de recurso humano

• No se aplica un método formal para estimar la cantidad de policías que se debe asignar a delegaciones, acusa órgano fiscalizador
• Autoridades de Gobierno presentaron ayer un proyecto de ley que pretende reformar varias iniciativas en materia de seguridad

Eduardo Baldares y Carlos Jesús Mora
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El hampa se refuerza día a día. Así lo dicen los índices récord de criminalidad de 2007 y las encuestas que revelan un temblor de inseguridad que se convirtió en terremoto.
En contraparte, la fuerza policial no solo ha sido insuficiente para combatir la delincuencia, sino que se debilita a sí misma por culpa de sus deficiencias logísticas.
La Contraloría General de la República (CGR) denunció en un reciente informe debilidades en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que no le permiten garantizar a cabalidad que la asignación, distribución y aprovechamiento del recurso humano destinado a seguridad ciudadana se realicen de manera óptima.
El Ministerio no aplica un método formal para estimar la cantidad de policías que debe asignar a las direcciones regionales y a sus respectivas delegaciones policiales, lo que le impide tener certeza de que tal distribución sea la idónea, estima la Contraloría.
“Desde el año 2002 se estableció un modelo denominado 'Cálculo del índice de seguridad de las personas', a fin de realizar la asignación de grados policiales de cada dependencia de la Fuerza Pública, no obstante la instancia responsable de aplicar y actualizar ese modelo no cumplió esas funciones”, denuncia el informe.
Agrega que el MSP mantiene la práctica histórica de utilizar algunos puestos policiales para la ejecución de labores administrativas, en menoscabo del cumplimiento de la función sustantiva del Ministerio, que es la prestación del servicio de seguridad ciudadana a la población.
El informe señala que el análisis de información suministrada por las direcciones General de la Fuerza Pública y la de Recursos Humanos reveló que de 7.447 funcionarios en plaza policial, al servicio de las Direcciones Regionales y sus correspondientes delegaciones, un 6% realiza funciones administrativas.
“Esta situación conlleva el agravante de que dichos funcionarios estén eventualmente percibiendo incentivos policiales, como el reconocimiento del 'riesgo policial', sin que les corresponda por la naturaleza de las labores que realizan, con el eventual perjuicio económico para la administración”, apunta el informe.
Previamente Ricardo González, director de despacho del MSP, había reconocido que esta administración se encontró con oficiales oficinistas, pero que se estaba tratando de implementar el lema “Policía a la calle”, entre otras mejoras metodológicas internas.
La Contraloría recomienda que se dé una coordinación estrecha entre las direcciones General de la Fuerza Pública y de Recursos Humanos, a efecto de que se determine, previamente al reclutamiento, selección y asignación policial, la condición de residencia que deben cumplir los oferentes según las necesidades de seguridad ciudadana de cada región, cantón o distrito.
Otro aspecto que afecta la presencia policial en las calles y la adecuada distribución y asignación del recurso humano policial “es la indefinición existente en cuanto a los roles de servicio que deben adoptarse para brindar la seguridad ciudadana, debido a que no responden estrictamente a las necesidades que impone la atención de la seguridad ciudadana”, concluye el informe.
El examen de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, publicado el pasado 3 de febrero, abarcó las acciones realizadas por la administración en el primer semestre de 2007 y se amplió en los casos en que se consideró pertinente.
Entre tanto, ayer fue presentado oficialmente el proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, elaborado por las autoridades judiciales y policiales del país.
El texto que empezará su trámite ordinario en una comisión especial contiene varias reformas de leyes como la de Armas y Explosivos, Migración y Extranjería o Delincuencia Organizada.
De igual forma se aborda el tema de la protección a las víctimas y testigos y el fortalecimiento de la Seguridad Municipal.
“Vamos a acabar con la cadena de criminalidad, el proyecto pretende también que, entre otras cosas, se logre sancionar a quienes compran bienes robados como las casas de empeño”, aseguró Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República y ministra de Justicia.

Antes de iniciar su trámite en el plenario legislativo, el expediente deberá ser dictaminado por la comisión especial creada a inicios de año para su estudio.
“Mi petición a los señores diputados es que le den todo el sentido de urgencia que requiere la tramitación de este proyecto de ley, que no priven intereses personalistas ni político partidarios, sin
o solamente el interés nacional”, dijo Fernando Berrocal, el ministro de Seguridad Pública.
La iniciativa pretende combatir también la trata de mujeres, el lavado de dinero y el sicariato en el país.
Por su parte, las autoridades del Ministerio Público aguardan otro de los compromisos adquiridos por el Gobierno el pasado 10 de enero cuando declaró la inseguridad como emergencia nacional: el proyecto de presupuesto extraordinario para el Poder Judicial, el cual sería una partida extra de entre ¢10 millones y ¢12 millones para contratar mayor personal y dotar de mayores recursos a las entidades de la instancia.
“Creemos y esperamos esa promesa del Presidente de la República”, argumentó al respecto Francisco Dall'Annese, fiscal general.








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