PLN: “No le dimos un cheque en blanco al Gobierno”

Por un lado, los diputados de Liberación exigen al Gobierno contener los disparadores del gasto, pero, al mismo tiempo, apoyan al mandatario Luis Guillermo Solís en la validación de un presupuesto de ¢8 billones para 2016, que es altamente deficitario.
La contradicción en la que ha caído el PLN es negada por los legisladores verdiblancos, quienes buscan probar su coherencia ahora, negándose a aprobar nuevos impuestos hasta que se recorte el gasto.
En ese sentido, exigen a Solís una ley que limite las pensiones de lujo, una iniciativa de empleo público para recortar los pluses salariales de los burócratas y un proyecto contra el fraude fiscal, para después conversar sobre el IVA y los cambios a la renta.
La idea es evitar que el Presidente tenga más recursos para despilfarrarlos, dicen congresistas de Liberación.
“El Gobierno debe mejorar la calidad del gasto, entregar resultados, recaudar mejor y promover reformas que ataquen los disparadores del gasto, antes de hablar de tributos. Nunca le hemos dado un cheque en blanco al Presidente. El respaldo al presupuesto es coyuntural”, dijo Paulina Ramírez, diputada del PLN.
La confusión en las filas verdiblancas sobre el gasto público que señalan otros partidos de oposición, como el Movimiento Libertario y el PUSC, generó fuertes dimes y diretes en el Plenario en las últimas semanas.
Esto porque el plan de gastos del otro año se financia en un 45% con nueva deuda y sobre todo porque el presupuesto creció en un 23% en los primeros dos años de la administración Solís Rivera, sin importar que el encarecimiento de los bienes y servicios apenas alcanzó el 5% en ese mismo periodo.
El déficit fiscal llegaría a 6,9% del PIB al finalizar el otro año, si el Gobierno no recorta el gasto por cuenta propia.
“Las críticas en contra de Liberación se deben a que estamos en época electoral y algunos partidos necesitan del control político, para así trascender”, comentó Rolando González, diputado del PLN.
Los verdiblancos se defienden de sus detractores, aduciendo que el Gobierno se comprometió a recortar unilateralmente hasta ¢50 mil millones el otro año.