Enviar
Lunes 7 Enero, 2008

Pido perdón a don Alex Solís

Federico Vargas
Ex diputado
Ex miembro de la Comisión de Control Político

Hace unos días, los ex diputados Carlos Avendaño y Martha Zamora, miembros de la Comisión de Control Político que investigó al ex contralor General de la República, confesaron ante a la opinión pública que a don Alex Solís “le tendieron una emboscada política”, que fue víctima de una “injusticia” y “un juicio político”; lo que implicó por un lado su destitución, y por el otro, la violación de sus derechos fundamentales. Yo quiero sumarme a esas confesiones y, por lo que a mí respecta, de igual forma pido perdón a don Alex Solís.
Hoy, con una mayor perspectiva histórica, me doy cuenta que don Alex fue destituido de su cargo de Contralor sin que hubiese incurrido en ninguna de las causales que establece el párrafo tercero del artículo 183 de la Constitución Política. Por eso, los costarricenses tienen que saber que los hechos que le atribuimos en aquel momento fueron juzgados posteriormente por las instancias competentes, como la Dirección de Notariado, el Colegio de Abogados y los Tribunales de Justicia, y no fueron sancionados desde el ámbito ético, disciplinario, ni legal. De igual forma, hoy advierto que don Alex Solís fue juzgado por una comisión de control político y no por un órgano director del proceso, con todas las garantías procesales, como en derecho correspondía.
Eso significa que la Asamblea Legislativa se equivocó en perjuicio de don Alex Solís. No solo se le destituyó como Contralor, sin que hubiese incurrido en ningún proceder incorrecto en el ejercicio de su cargo, sino también, que el procedimiento que se siguió en su contra estuvo viciado de nulidad. Algunos ejemplos de esto son: don Alex no fue juzgado por un órgano imparcial, se quebrantó el principio de la presunción de inocencia, el Pleno Legislativo no discutió ni votó los informes que los miembros de la comisión investigadora rendimos; y, para colmos, don Alex fue removido mediante una moción de orden, un simple procedimiento que existe para ordenar debates, pero que jamás puede ser utilizado para imputar responsabilidades.
Como presidente de aquella comisión investigadora, lo advertí así basado en una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República. En efecto, esa Institución dijo que para poder proceder conforme a los supuestos del párrafo tercero del artículo 183 constitucional, a don Alex se le tenía que garantizar el derecho al debido proceso en toda su extensión; las garantías que le fueron concedidas en la comisión que presidí no tenían ninguna relevancia jurídica para el caso. Esto por cuanto dicha comisión era competente para ejercer la función de control político, pero no para determinar si don Alex había incurrido en faltas funcionales o si era apto para ejercer el cargo de Contralor, según ese párrafo tercero del artículo 183 constitucional.
Así pues, don Alex fue destituido de su cargo de Contralor General de la República, sin haber incurrido en ningún proceder incorrecto en el desempeño de su cargo. Además, fue sobreseído desde el ámbito ético, disciplinario y legal, de los otros hechos que le fueron atribuidos. Es decir, don Alex fue destituido por nada. Y como si esto no fuera de por sí sumamente grave en términos de los derechos humanos, también hay que reconocer, en consecuencia, que la Asamblea Legislativa quebrantó, de principio a fin, su derecho al debido proceso.
Por eso don Alex, hoy, tres años después de aquella vergonzosa página de nuestra historia política, le ruego que me perdone, que siga adelante, que no afloje, que el país lo necesita.