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¿Participación ciudadana?

Tomas Nassar tnassar@nassarabogados.com | Jueves 04 junio, 2015

Vericuetos

¿Participación ciudadana?

Algunos funcionarios del gobierno promueven muy activamente una nueva versión inconsulta del Proyecto de Ley de Navegación Acuática, con el falso argumento de que los naufragios que se han producido recientemente son causados por la carencia de una ley adecuada. Reconozco que es importante que el país cuente con una ley moderna que permita a la administración regular “sensatamente” el transporte por las vías navegables del país. Una normativa “sensata” es aquella resultado de una adecuada técnica legislativa, que respeta las competencias de otras entidades especializadas, que privilegia el respeto de las libertades fundamentales de rango constitucional. Que es, además, consecuente con la realidad nacional, respeta el principio de Reserva de Ley y, al tenor de los postulados del gobierno, abierta a la participación ciudadana.
El Proyecto, que con tanto afán promueven funcionarios del MOPT en pasillos parlamentarios, es todo lo contrario: limita los derechos constitucionales al trabajo y al ejercicio del comercio porque exige el beneplácito de la burocracia para que un particular se pueda dedicar al cualquier actividad relacionada con el transporte marítimo… ¡cualquiera!
Pero si este es un atropello a las libertades individuales, más lo es la facultad de descalificar a los empresarios y trabajadores “por pérdida de aptitudes físicas y/o profesionales, o de las condiciones indispensables para el ejercicio o habilitación del cargo o actividad autorizada”. Odiosamente discriminatorio contra quienes sufren cualquier tipo de minusvalía. ¡Vivan los derechos humanos! Quedaría entonces en manos de los funcionarios de turno decidir quién y en qué condiciones puede trabajar en asuntos marítimos.
No se si me huele a bolivarianismo, ignorancia… o a la intención de crear una camarilla de privilegiados…! ¿Todas las anteriores? Ninguna restricción es admisible. No al menos en democracia.
Como si fuera poco, incluye a Costa Rica en la nómina lamentable de banderas de conveniencia, abominable club del que son detractores todas las organizaciones internacionales y los estados responsables que se han opuesto por las gravísimas consecuencias que ello conlleva… Dicho de otra manera, quieren vender la bandera nacional, a pesar de todos los pesares imaginables… ¡por unos dólares más!
Otra perversidad es la creación de un fideicomiso para administrar el gasto millonario, entre otras cosas, en “capacitación” de los funcionarios de la administración, pretensión a la que el propio Ministerio de Hacienda se ha opuesto de manera categórica porque no existe ninguna razón para desviar fondos públicos por vías distintas a la caja única del Estado.
La participación ciudadana brilla por su ausencia. A pesar de la oposición categórica de múltiples sectores, incluyendo entidades públicas, los promotores de este espantajo jurídico siguen su ruta obsesiva de promoverlo a toda costa, y contra todo y todos. ¿Democracia siglo XXI?
Extrañamos que el gobierno no haya propiciado una consulta con la sociedad civil, que podría dar muchos y muy valiosos aportes y que sus funcionarios hagan caso omiso a todas las voces detractoras, incluso las de otras entidades estatales.
Tendríamos entonces la oportunidad de señalar las decenas de errores, abusos, incongruencias de un proyecto que todos tenemos que adversar.
Advertir, por último, a los partícipes de las industrias del turismo, comercio exterior, pesca, transporte y todas las otras vinculadas con el tema, sobre los riesgos del Proyecto para su actividad.
Seringa.

Tomás Nassar

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