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Los menores de edad que aún no han entrado al infierno del mercado de la droga deben ser rescatados por el Estado, sus familias no podrán hacerlo porque a duras penas sobreviven

Menores que matan por dinero

En los últimos días hubo noticias nunca antes vistas en este país: menores de edad que actúan como sicarios. Hay que preguntarse no solo por los factores externos que se agregaron a la historia de los costarricenses para que se llegue a estos extremos, sino por qué lograron echar raíces aquí.
La primera pregunta pareciera fácil de responder. Si el flagelo del consumo y tráfico de drogas ya había azotado con tanta fuerza a Colombia y pasó luego a México, era solo cuestión de tiempo para que llegara a Centroamérica.
Lo segundo es lo que no se responde tan fácilmente y es un problema local. Pareciera que en las últimas décadas quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de dirigir el país se preocuparon y ocuparon por el desarrollo económico, algo muy necesario, pero no por los fenómenos sociales que, junto al modelo adoptado, iban apareciendo. Y se necesitaban ambas cosas para mantener una sociedad sana.
A la desintegración familiar se sumó el aumento de las desigualdades sociales y con el incremento de la pobreza y pobreza extrema aparecieron la deserción escolar y los niños y adolescentes “haciendo esquina” a la espera de que alguien los invite a consumir droga. Lo que sigue es inevitable.
Un menor de edad consumiendo drogas y viviendo en una casa (cuando la tiene) donde no hay nadie en condiciones de dedicarle atención y amor familiar, porque padre y madre (o madre sola) a duras penas intentan sobrevivir, es, sin duda, el terreno más fértil que puede encontrar el narcotráfico para desplegar sus acciones.
Hoy estamos ya ante la necesidad de mantener encerrados no solo a los adultos delincuentes sino también a estos menores convertidos en asesinos a sueldo.
Pero tenemos la obligación de rescatar a los que andan por las calles a la espera de ingresar al infierno del mercado clandestino de la droga. No tienen otras opciones en la vida.
Estos no podrán ser rescatados por sus familias y por eso es necesaria la acción del Estado (que tiene instituciones para ello, pero estas deberán ser proactivas y eficientes). Además urgen los centros de rescate con personal especializado capaz de volver a la vida decente a quienes están al borde del abismo. No puede hablarse de derecho a la educación y a la salud si las calles están llenas de niños y adolescentes de los cuales nadie se ocupa.
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