Medidas contra polémicos agroquímicos se extremarán
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 28 septiembre, 2007
Autoridades intentan engrosar la delgada línea que separa a químicos sintéticos restringidos de los terminantemente prohibidos
Medidas contra polémicos agroquímicos se extremarán
Once decretos que endurecerían los requisitos de utilización de las sustancias de peligroso potencial esperan para ser firmados
Cámara de Insumos Agropecuarios rechaza que compuestos controversiales sean prohibidos, pero avala incremento de restricciones
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Tras una denuncia de LA REPUBLICA titulada “Agrotóxicos se rocían por la libre”, autoridades estatales y
privadas corren para bloquear el spray de la crítica social mediante regulaciones más estrictas a los agroquímicos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó un conjunto de plaguicidas como causantes del mayor número de intoxicaciones agudas, así como de accidentes ambientales en Centroamérica, por lo que promueve la aplicación de controles legales más efectivos, tendientes a la prohibición y restricción de las sustancias que presentan un riesgo potencial mayor.
La Contraloría General de la República dio a conocer hace un año que seis de las sustancias de mayor importación en Costa Rica según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), a saber: Paraquat, Glifosato, Metomil, Carbofurán, Terbufós y Metamidofós, fueron a la vez causantes del mayor número de intoxicaciones reportadas entre 1996 y 2002.
Un total de 2.438 casos de envenenamiento fueron atribuidos a dichos compuestos en ese periodo, de acuerdo con un informe de 2003 del proyecto Aspectos Ocupacionales y Ambientales de la Exposición a Plaguicidas en el Istmo Centroamericano (PLAGSALUD), de la OMS en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
¿Reacción en nuestro país? Hasta enero de este año no se publicó un nuevo reglamento en lugar del denunciado por la Contraloría como obsoleto, en el que se dispusieron requisitos que muchos solicitantes no podían cumplir para registrar un producto, por lo que fue objeto de un recurso de amparo que ha mantenido paralizadas las acciones en este campo específico.
Empero, lejos de flexibilizar los requisitos ante este tipo de presiones, las autoridades pretenden incrementar la rigidez mediante 11 decretos que serían ratificados en los próximos días, y que tendrían el aval de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
“Falta poco para que se dé la firma del Presidente (Oscar Arias), y entonces sí podremos darlos a conocer con todo detalle”, adelantó Marcela Vives, jefa del departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud, a lo que el director ejecutivo de la Cámara, Eduardo Robert, respondió que “ojalá sea así, porque llevan casi tres años diciéndonos que ya casi salen (los decretos)”.
“Efectivamente ha sido un trabajo muy arduo, de más de dos años, porque los decretos fueron sumamente consensuados con el sector empresarial y con la misma Contraloría”, explicó Vives, quien adelantó que la sustancia Monocrotofós sí sería terminantemente prohibida.
En el caso de los compuestos mencionados, y otros que alude la Contraloría, como el Mancozeb y el Clorotalonil, lo que se decretaría serían restricciones más severas, reconociéndose tácitamente que la legislación vigente no ha protegido de manera suficiente al ambiente, a quienes bregan en los sembradíos y, por supuesto, al consumidor final del potencial tóxico de dichas sustancias.
Sobre la denuncia de la Contraloría surgieron dos interpretaciones que volvieron muy delgada, casi invisible, la línea que separa a los agroquímicos sintéticos restringidos de los terminantemente prohibidos.
Por un lado, si la OMS recomienda la prohibición de ciertas sustancias en un país que no regule y fiscalice con propiedad su uso, esto podría ser tomado como una implícita proscripción.
Entonces, tras la publicación del artículo “Agrotóxicos se rocían por la libre”, la prisa con la que pretenden oficializar decretos que llevaban años “varados” indica que las autoridades finalmente reconocen que Costa Rica presenta las deficiencias descritas por la OMS.
“En Limón se sigue haciendo uso de la fumigación aérea. Encima de mí han pasado avionetas rociando; imagínese el peligro de estas sustancias al hacer contacto directo con personas o al llegar a las fuentes acuíferas. Me consta que los trabajadores están expuestos a dosis de agroquímicos, y cómo llega la gente a las clínicas con alergias y quemaduras”, expuso
Gerardo Vargas, sacerdote activista social que adversa el empleo de sustancias peligrosas.
Aparte de las grietas en la fiscalización, hay particularidades geoclimáticas que respaldarían la posición del sacerdote. “Es difícil negar el impacto ambiental nocivo del uso de plaguicidas cuando tenemos en nuestras manos investigaciones serias, muy bien fundamentadas que lo comprueban”, arguyó Clemens Ruepert, director del laboratorio del IRET.
“Hay que saber interpretar las recomendaciones de la OMS, que clasifica los productos basada en buenas prácticas agrícolas. Pero, ¿qué pasa si las características de un país no permiten que se den? En una nación tropical es difícil usar equipos sofisticados de protección por el tema de la temperatura, son muy calientes; le doy otro ejemplo, las fuertes lluvias que imperan aquí pueden llevar contaminantes al agua, y hay que considerar la perdurabilidad de cada producto en el ambiente”, amplió el científico.
La segunda interpretación es la de quienes defienden la rigurosidad de los controles por encima de la prohibición, y esta es la que se implementará en el país. Si realmente está preparado para hacerla efectiva… eso es lo que está por verse.
“Si estos productos se usan correctamente, no tienen por qué causar intoxicaciones. Todos ellos van a ser vendidos exclusivamente con receta, en envases y cantidades muy grandes. Serán productos de calidad demostrada, con los estudios toxicológicos de rigor, debidamente etiquetados y con todas las instrucciones claras”, adelantó Marcela Vives.
“Alguna gente compra este tipo de productos para suicidarse, estadística que no incluye el informe de la Contraloría”, sostiene Sergio Herrera, de la Comisión Técnica de la Cámara de Insumos, por lo cual estos productos deberán “tener color y olor fuertes, además de aditivos que induzcan al vómito en caso de ingesta, sea esta accidental o no”, complementó Vives.
Las anteriores serían solo algunas de las nuevas condiciones de empleo, pero también están las que tienen que ver con los equipos de protección adecuados, que serán de uso obligatorio.
“Si usted se come una libra de sal, se envenena”, aportó Mario Arrea, presidente de la Cámara, y Herrera amplió la explicación de esta manera: “Hay dos factores de riesgo, el nivel de toxicidad del producto y el de exposición. Bien regulado el segundo, el primero no tiene por qué generar problemas. Eso es lo que promovemos”.
Robert agregó que la educación es un factor fundamental, “por lo que trabajamos con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos”, y su compañero de la Comisión Técnica, Erick Arce, defendió las bondades de estas sustancias a favor de la agricultura, “porque son muy efectivas en cada uno de sus propósitos, si se usan como debe ser, y por el momento no hay otras que den los mismos resultados”.
¿Está preparado el país para emplearlas adecuadamente? “Esa es la meta. La vigilancia efectiva de las intoxicaciones y la puesta en marcha de programas de educación, así como la coordinación interministerial, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el sector empresarial, deben llevar a eso: a la correcta utilización”, respondió Vives.
¿No era mejor prohibirlas mientras el país adquiere las armas para combatir su uso incorrecto? “No hay una lista de sustancias semiprohibidas ni nada que se le parezca, pero sí estamos de acuerdo en que se vigoricen los controles y los requisitos, jamás que se flexibilicen. Estamos a favor de las restricciones, pero que se les dé seguimiento, cuentan con nuestra colaboración”, concretó Eduardo Robert.
Medidas contra polémicos agroquímicos se extremarán
Once decretos que endurecerían los requisitos de utilización de las sustancias de peligroso potencial esperan para ser firmados
Cámara de Insumos Agropecuarios rechaza que compuestos controversiales sean prohibidos, pero avala incremento de restricciones
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Tras una denuncia de LA REPUBLICA titulada “Agrotóxicos se rocían por la libre”, autoridades estatales y
privadas corren para bloquear el spray de la crítica social mediante regulaciones más estrictas a los agroquímicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó un conjunto de plaguicidas como causantes del mayor número de intoxicaciones agudas, así como de accidentes ambientales en Centroamérica, por lo que promueve la aplicación de controles legales más efectivos, tendientes a la prohibición y restricción de las sustancias que presentan un riesgo potencial mayor.
La Contraloría General de la República dio a conocer hace un año que seis de las sustancias de mayor importación en Costa Rica según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), a saber: Paraquat, Glifosato, Metomil, Carbofurán, Terbufós y Metamidofós, fueron a la vez causantes del mayor número de intoxicaciones reportadas entre 1996 y 2002.
Un total de 2.438 casos de envenenamiento fueron atribuidos a dichos compuestos en ese periodo, de acuerdo con un informe de 2003 del proyecto Aspectos Ocupacionales y Ambientales de la Exposición a Plaguicidas en el Istmo Centroamericano (PLAGSALUD), de la OMS en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
¿Reacción en nuestro país? Hasta enero de este año no se publicó un nuevo reglamento en lugar del denunciado por la Contraloría como obsoleto, en el que se dispusieron requisitos que muchos solicitantes no podían cumplir para registrar un producto, por lo que fue objeto de un recurso de amparo que ha mantenido paralizadas las acciones en este campo específico.
Empero, lejos de flexibilizar los requisitos ante este tipo de presiones, las autoridades pretenden incrementar la rigidez mediante 11 decretos que serían ratificados en los próximos días, y que tendrían el aval de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
“Falta poco para que se dé la firma del Presidente (Oscar Arias), y entonces sí podremos darlos a conocer con todo detalle”, adelantó Marcela Vives, jefa del departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud, a lo que el director ejecutivo de la Cámara, Eduardo Robert, respondió que “ojalá sea así, porque llevan casi tres años diciéndonos que ya casi salen (los decretos)”.
“Efectivamente ha sido un trabajo muy arduo, de más de dos años, porque los decretos fueron sumamente consensuados con el sector empresarial y con la misma Contraloría”, explicó Vives, quien adelantó que la sustancia Monocrotofós sí sería terminantemente prohibida.
En el caso de los compuestos mencionados, y otros que alude la Contraloría, como el Mancozeb y el Clorotalonil, lo que se decretaría serían restricciones más severas, reconociéndose tácitamente que la legislación vigente no ha protegido de manera suficiente al ambiente, a quienes bregan en los sembradíos y, por supuesto, al consumidor final del potencial tóxico de dichas sustancias. Sobre la denuncia de la Contraloría surgieron dos interpretaciones que volvieron muy delgada, casi invisible, la línea que separa a los agroquímicos sintéticos restringidos de los terminantemente prohibidos.
Por un lado, si la OMS recomienda la prohibición de ciertas sustancias en un país que no regule y fiscalice con propiedad su uso, esto podría ser tomado como una implícita proscripción.
Entonces, tras la publicación del artículo “Agrotóxicos se rocían por la libre”, la prisa con la que pretenden oficializar decretos que llevaban años “varados” indica que las autoridades finalmente reconocen que Costa Rica presenta las deficiencias descritas por la OMS.
“En Limón se sigue haciendo uso de la fumigación aérea. Encima de mí han pasado avionetas rociando; imagínese el peligro de estas sustancias al hacer contacto directo con personas o al llegar a las fuentes acuíferas. Me consta que los trabajadores están expuestos a dosis de agroquímicos, y cómo llega la gente a las clínicas con alergias y quemaduras”, expuso
Gerardo Vargas, sacerdote activista social que adversa el empleo de sustancias peligrosas. Aparte de las grietas en la fiscalización, hay particularidades geoclimáticas que respaldarían la posición del sacerdote. “Es difícil negar el impacto ambiental nocivo del uso de plaguicidas cuando tenemos en nuestras manos investigaciones serias, muy bien fundamentadas que lo comprueban”, arguyó Clemens Ruepert, director del laboratorio del IRET.
“Hay que saber interpretar las recomendaciones de la OMS, que clasifica los productos basada en buenas prácticas agrícolas. Pero, ¿qué pasa si las características de un país no permiten que se den? En una nación tropical es difícil usar equipos sofisticados de protección por el tema de la temperatura, son muy calientes; le doy otro ejemplo, las fuertes lluvias que imperan aquí pueden llevar contaminantes al agua, y hay que considerar la perdurabilidad de cada producto en el ambiente”, amplió el científico.
La segunda interpretación es la de quienes defienden la rigurosidad de los controles por encima de la prohibición, y esta es la que se implementará en el país. Si realmente está preparado para hacerla efectiva… eso es lo que está por verse.
“Si estos productos se usan correctamente, no tienen por qué causar intoxicaciones. Todos ellos van a ser vendidos exclusivamente con receta, en envases y cantidades muy grandes. Serán productos de calidad demostrada, con los estudios toxicológicos de rigor, debidamente etiquetados y con todas las instrucciones claras”, adelantó Marcela Vives.
“Alguna gente compra este tipo de productos para suicidarse, estadística que no incluye el informe de la Contraloría”, sostiene Sergio Herrera, de la Comisión Técnica de la Cámara de Insumos, por lo cual estos productos deberán “tener color y olor fuertes, además de aditivos que induzcan al vómito en caso de ingesta, sea esta accidental o no”, complementó Vives.
Las anteriores serían solo algunas de las nuevas condiciones de empleo, pero también están las que tienen que ver con los equipos de protección adecuados, que serán de uso obligatorio.
“Si usted se come una libra de sal, se envenena”, aportó Mario Arrea, presidente de la Cámara, y Herrera amplió la explicación de esta manera: “Hay dos factores de riesgo, el nivel de toxicidad del producto y el de exposición. Bien regulado el segundo, el primero no tiene por qué generar problemas. Eso es lo que promovemos”.
Robert agregó que la educación es un factor fundamental, “por lo que trabajamos con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos”, y su compañero de la Comisión Técnica, Erick Arce, defendió las bondades de estas sustancias a favor de la agricultura, “porque son muy efectivas en cada uno de sus propósitos, si se usan como debe ser, y por el momento no hay otras que den los mismos resultados”.
¿Está preparado el país para emplearlas adecuadamente? “Esa es la meta. La vigilancia efectiva de las intoxicaciones y la puesta en marcha de programas de educación, así como la coordinación interministerial, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el sector empresarial, deben llevar a eso: a la correcta utilización”, respondió Vives.
¿No era mejor prohibirlas mientras el país adquiere las armas para combatir su uso incorrecto? “No hay una lista de sustancias semiprohibidas ni nada que se le parezca, pero sí estamos de acuerdo en que se vigoricen los controles y los requisitos, jamás que se flexibilicen. Estamos a favor de las restricciones, pero que se les dé seguimiento, cuentan con nuestra colaboración”, concretó Eduardo Robert.
