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¿Más balas?

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Actualmente, los miles de profesionales liberales contribuyentes normalmente tributan con base en su renta neta, es decir, sus ingresos menos sus gastos.
Sin embargo, eso implica la llevanza de una serie de controles, registros, comprobantes, documentación, contabilidad, facturas, etc. En pocas palabras, para ser sinceros, una molestia y, además, costosa.
Por eso existe un porcentaje menor de profesionales que optan por la simplicidad, al tener la posibilidad de aplicarse una deducción única de 25%, pero de sus ingresos brutos y pagar sobre el restante 75%.
En todo caso, estos números se alejan muchísimo de los reales en la gran mayoría de las declaraciones de renta de los profesionales liberales, que en muchas ocasiones declaran gastos de más del 95% de sus ingresos.
Pero aceptar únicamente un 25% es un límite que realmente no llegar a cubrir la mayoría de casos en que los gastos reales son superiores.
Créanme que esta regulación no es ningún favor de Tributación para cobrar menos.
Aun así, existe un porcentaje importante de profesionales que sacrifican una porción de sus gastos deducibles, por la tremenda simplicidad de no tener que guardar hasta los tiquetes de peaje.
Sin embargo, el proyecto de renta actual pretende que esa deducción única sea aceptada prácticamente solo si el auditor de turno así lo decide.
Como resultado, ese porcentaje importante de profesionales, si son fiscalizados, pueden enfrentar a un auditor que decida no aceptar la deducción única del 25%, exigiendo al mismo tiempo una contabilidad llevada de acuerdo con NIIF, la documentación de respaldo y todas las facturas de gastos, compras y servicios, si no es que además solicita, como ahora ocurre normalmente, que le mande en un disco un archivo Excel con las columnas de información, en el formato y el orden que escoge el propio auditor.
¡Como se podría esperar, la inmensa mayoría no podrán hacerlo precisamente porque escogieron un sistema que no lo exige! Y “voila”, la máquina recaudadora inicia su marcha.
Si le sumamos las medidas que pretende el proyecto de fraude, como que al mismo tiempo el auditor pueda ordenar embargos preventivos durante la fiscalización que llegan hasta las propiedades de los suegros del contribuyente, nos topamos con una Costa Rica en la que los contribuyentes no son ciudadanos, sino súbditos tributarios.
Apoyar que haya una mejor recaudación significa dotar de mejor infraestructura a la Administración Tributaria y exigirle un trabajo verdaderamente eficiente al tiempo que justo. No significa simplemente darle más balas si no apuntan en la dirección correcta.

Rafael Luna
Abogado Tributarista
[email protected]

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