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Las personas observan y en algunos casos experimentan en forma directa los incumplimientos a los fallos de la Sala IV, por esto van perdiendo la fe en nuestro sistema judicial

Los fines de la Sala Constitucional

Todo parece indicar que se torna indispensable un debate nacional sobre cuáles deberían ser los fines de la Sala Constitucional.
Actualmente, solo cuatro de cada diez sentencias emitidas por esa Sala, por recursos de amparo y de hábeas corpus presentados por los ciudadanos, son cumplidas cabalmente por las instituciones públicas en el corto plazo.
En la mayoría de los casos las resoluciones no se acatan, de acuerdo con un estudio del Centro de Jurisprudencia Constitucional, que midió el grado de cumplimiento de los fallos de la Sala IV.
El que se cumplan, se ejecuten a medias o se incumplan las sentencias de esa Sala, es algo que ha ido quedando a criterio de las instituciones públicas, sus presupuestos y sus decisiones sobre cómo distribuirlos y ejecutarlos.
De ahí que surjan las preguntas que muchos se hacen ¿Cómo está nuestra seguridad jurídica? ¿Está en peligro el Estado de derecho en este país?
Si las personas observan y en algunos casos experimentan en forma directa esos incumplimientos, van perdiendo la fe en nuestro sistema judicial y es lógico que comiencen a plantearse interrogantes en torno al tema.
La violación a los fallos de la Sala IV acarrea un desmejoramiento de los servicios y aunque la población comienza a sufrir las consecuencias de esto no hay acciones contra los infractores.
El sistema debería estar adecuado para cumplir de inmediato con las sentencias de la justicia. Si esto no ocurre, no solo pierde credibilidad la Sala Constitucional sino todo el ordenamiento jurídico porque se trata del máximo tribunal del país.
Siendo la Sala Constitucional pilar de la democracia, se vuelve indispensable convocar a un debate nacional, en el que puedan opinar todos los sectores, sobre cuáles deberían ser sus fines.
El resultado debe ser un acuerdo que haga posible el mejor aprovechamiento del trabajo realizado por la Sala, el cumplimiento inmediato de sus sentencias y, con ello, el que el país deje de perder todo lo que en recurso humano y económico se pierde cuando en una de sus instituciones se desperdicia el trabajo realizado por sus funcionarios.
Pero además, lo principal en el caso que hoy nos preocupa, ese acuerdo evitaría que se puedan poner en peligro la seguridad jurídica misma del país y su Estado de derecho, es decir, la democracia.

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