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Lunes 14 Febrero, 2011

La Reforma Fiscal 10 x 1

El tema de 2011 será sin duda la reforma fiscal, que pretende generar al gobierno central nuevos ingresos por cerca de $1.000 millones (2,5% del PIB). Como parte del debate diversos sectores claman por un mayor control de la evasión y contención del gasto público como condiciones previas al incremento de los niveles impositivos.
Sin embargo, existe un tercer elemento que no ha sido analizado en su verdadera dimensión: el potencial de las figuras de concesión de obra pública y fideicomisos de desarrollo de obra pública tanto para proveer recursos frescos como para producir considerables ahorros fiscales.
El Banco Interamericano de Desarrollo estima que Costa Rica debe invertir al menos $10 mil millones —el presupuesto de 40 años del Consejo Nacional de Vialidad— para cerrar el rezago en infraestructura.
Si bien aproximadamente un 50% de este monto podría ejecutarse por medio de concesiones y fideicomisos, hay quienes con base en posturas ideológicas claman por que la totalidad de las inversiones sea asumida por el gobierno. Resulta interesante analizar cuál sería el costo financiero que soportaría la hacienda pública en caso de que esto ocurriese.
Supongamos que los $10 mil millones se financian a través de endeudamiento a un plazo de 25 años con pagos semestrales y a una tasa anual de 3,43% (tasa de interés facilidad unimonetaria del BID). Bajo estas condiciones, el gobierno debería desembolsar $14.970 millones (40% del PIB) a sus acreedores, de los cuales $4.970 millones serían tan solo por concepto de pago de intereses. Si además suponemos que el mantenimiento anual de la nueva infraestructura equivale al 1% de la inversión inicial, el costo financiero asciende a $17.470 millones (46% del PIB). Ante esto se debe tomar una decisión: cargar la totalidad al presupuesto nacional o ahorrar a la hacienda pública la mitad de esta suma al apostar seria y decididamente por las alianzas público privadas.
En otras palabras, debemos elegir si ahorramos o no al fisco un monto cercano al que generarían diez reformas tributarias como la que se discute actualmente. Ante este panorama y los problemas evidentes con algunas experiencias recientes, la solución no es descartar las alianzas público privadas sino llevar a cabo las reformas necesarias.
En concesión de obra pública, es claro que el principal tema es la fragilidad institucionalidad, que además de hacer los procesos poco expeditos no cuenta con recursos idóneos para efectuar adecuadamente las tareas de fiscalización.
De este modo, un paso necesario es la transformación del Consejo Nacional de Concesiones en la Superintendencia de Concesiones, un ente adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y con total independencia del Poder Ejecutivo. La Superintendencia de Concesiones se financiaría con un aporte inicial del gobierno central más un canon anual sobre los ingresos que generen los proyectos en ejecución.
Asimismo, gozaría de un régimen de contratación que le permitiría contar con los recursos tecnológicos y humanos que este tipo de regulación demanda.
Por su parte, los fideicomisos de desarrollo obra pública han chocado contra una normativa en exceso conservadora la cual exige que los proyectos estén totalmente construidos de manera previa a la captación de recursos en el mercado de valores. Lo anterior obliga recurrir, en primera instancia, a esquemas tradicionales de financiamiento (bancario), desvirtuando el mecanismo al convertirlo en un simple esquema de repago de deuda. En este sentido son necesarias reformas que guíen la normativa sobre temas de transparencia y acceso a la información para el inversionista, más que en lineamientos que encarecen y obstaculizan la aplicación de esta figura.
Teniendo claro el potencial de las alianzas público privadas y las reformas por realizar, es de vital importancia que el tema se posicione como un elemento medular dentro del debate nacional.

Federico Villalobos Carballo
Economista y analista financiero
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