La crisis de la seguridad
| Martes 01 abril, 2008
La crisis de la seguridad
Las condiciones que envuelven la salida de Fernando Berrocal del Ministerio de Seguridad Pública no son más que el fiel reflejo de la crisis que atraviesa el sector y del poco tacto con que el tema ha venido manejándose.
Berrocal se marcha en un momento en el cual la inseguridad ciudadana ha demostrado ser superior a la capacidad de respuesta de nuestras autoridades. No es un problema nuevo, sino una ola que viene creciendo desde hace años, y que ahora simplemente se ha vuelto difícil de detener.
El problema tiene muchas aristas que lo complican. Va desde la toma de decisiones —o la ausencia de estas— en las altas esferas a nivel político, pasando por los mandos intermedios de la burocracia institucional, hasta el policía que se ve obligado a hacer su trabajo sin el respaldo de equipos, materiales e infraestructura adecuados.
El tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sus posibles nexos en Costa Rica fue el detonante para la salida de Berrocal, cuyas contradictorias manifestaciones sobre el asunto han causado el enojo hasta de la diplomacia suramericana y de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Dar media vuelta ahora y dejar el tema en otras manos no solo deja un sinsabor, sino que a todas luces levanta dudas para un pueblo que durante dos años de administración esperó resultados.
Las nebulosas deben aclararse, las explicaciones sobre sus acciones públicas deben realizarse, pero no con un afán destructivo o buscando chivos expiatorios, sino con el interés de proteger al país de las garras de grupos que tradicionalmente han estado ligados a hechos delictivos.
Peligroso sería premiar con el anonimato a cualquier político o líder social ligado a ese tipo de agrupaciones delictivas.
Para quien venga, la tarea está más que clara, aunque el problema no sea tan sencillo de resolver.
Está bien mantener la vigilancia externa sobre el paso de la droga y el uso de Costa Rica como puente, pero los costarricenses exigen más que eso.
Exigen seguridad en las calles, tranquilidad para los niños que salen de las escuelas, confianza de poder utilizar el celular en la vía pública, certeza de que al abordar un autobús o viajar en su automóvil este no será asaltado y libertad dentro de las casas, para no tener que convertirlas en fortines contra el hampa.
Las condiciones que envuelven la salida de Fernando Berrocal del Ministerio de Seguridad Pública no son más que el fiel reflejo de la crisis que atraviesa el sector y del poco tacto con que el tema ha venido manejándose.
Berrocal se marcha en un momento en el cual la inseguridad ciudadana ha demostrado ser superior a la capacidad de respuesta de nuestras autoridades. No es un problema nuevo, sino una ola que viene creciendo desde hace años, y que ahora simplemente se ha vuelto difícil de detener.
El problema tiene muchas aristas que lo complican. Va desde la toma de decisiones —o la ausencia de estas— en las altas esferas a nivel político, pasando por los mandos intermedios de la burocracia institucional, hasta el policía que se ve obligado a hacer su trabajo sin el respaldo de equipos, materiales e infraestructura adecuados.
El tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sus posibles nexos en Costa Rica fue el detonante para la salida de Berrocal, cuyas contradictorias manifestaciones sobre el asunto han causado el enojo hasta de la diplomacia suramericana y de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Dar media vuelta ahora y dejar el tema en otras manos no solo deja un sinsabor, sino que a todas luces levanta dudas para un pueblo que durante dos años de administración esperó resultados.
Las nebulosas deben aclararse, las explicaciones sobre sus acciones públicas deben realizarse, pero no con un afán destructivo o buscando chivos expiatorios, sino con el interés de proteger al país de las garras de grupos que tradicionalmente han estado ligados a hechos delictivos.
Peligroso sería premiar con el anonimato a cualquier político o líder social ligado a ese tipo de agrupaciones delictivas.
Para quien venga, la tarea está más que clara, aunque el problema no sea tan sencillo de resolver.
Está bien mantener la vigilancia externa sobre el paso de la droga y el uso de Costa Rica como puente, pero los costarricenses exigen más que eso.
Exigen seguridad en las calles, tranquilidad para los niños que salen de las escuelas, confianza de poder utilizar el celular en la vía pública, certeza de que al abordar un autobús o viajar en su automóvil este no será asaltado y libertad dentro de las casas, para no tener que convertirlas en fortines contra el hampa.