Juicios a Fujimori serán públicos
| Martes 25 septiembre, 2007
Juicios a Fujimori serán públicos
Presidente peruano prometió que su gobierno actuará “sin odio, ensañamiento y venganza”
Lima
EFE
Los juicios contra Alberto Fujimori serán públicos, con garantías constitucionales para el acusado y rodeados por fuertes medidas de seguridad para evitar poner en peligro la integridad de los magistrados.
En una rueda de prensa, el presidente del Poder Judicial de Perú, Francisco Távara, anunció ayer que se “actuará con autonomía e independencia, sin aceptar ningún tipo de presiones”.
Távara garantizó el respeto escrupuloso “al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de publicidad de los juicios”.
Asimismo, demandó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una sede “idónea para un adecuado juzgamiento, que dé seguridad a la integridad personal al ex presidente Fujimori como a los magistrados”.
En este sentido, propuso la Base Naval del Callao, donde precisamente están recluidos el que fuera el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, detenido durante el régimen.
Por su lado, el presidente peruano, Alan García, prometió que su gobierno actuará “sin odio, ensañamiento y venganza”, en sus primeras declaraciones públicas desde que la justicia chilena decidiera el viernes la extradición de Fujimori.
“Eso es lo que el pueblo peruano espera de su gobierno, que no abuse de su posición para mancillar o vejar al adversario caído y acusado de múltiples delitos”, manifestó García.
En contraposición, reprochó cómo actuó el régimen fujimorista (1990-2000) al recordar que él mismo fue víctima de la persecución.
“Podría ser el primero en aprovecharme de esta situación, mi casa fue asaltada, fui privado de la nacionalidad durante nueve años”, aseveró cuando recalcó que el trato dispensado a Fujimori es “digno”.
“No hemos puesto en una jaula al señor Fujimori, como en otras épocas se hacía, no hemos puesto un traje de preso al señor Fujimori, como en otras épocas se hacía, no le hemos puesto esposas porque rodeado de policías no tiene sentido pensar que hay peligro de fuga”, dijo al aludir el trato vejatorio que recibió Abimael Guzmán tras su arresto en 1992.
Previamente, la defensa de Fujimori había alertado del “delicado” estado de salud del extraditado por las “duras condiciones” que afronta en su lugar de reclusión: la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes).
El letrado César Nakazaki consideró que “no hay respeto en cuanto a la dignidad” porque se encuentra en “una habitación pequeña” y está aquejado de hipertensión.
En los mismos términos se expresó su hija, Keiko Sofía Fujimori, quien culpó al gobierno del supuesto “maltrato” que está recibiendo el ex jefe del Estado.
Como medida de protesta, Keiko convocó a su grupo parlamentario en la Diroes, donde fue impedido su ingreso, lo que llevó al legislador, Rolando Sousa, a anunciar una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra los funcionarios del INPE y la ministra de Justicia, María Zavala.
En el mismo lugar, la primogénita del acusado expresó su molestia porque el presidente calificara de “dictador” a su padre, quien -a su juicio- sacó adelante al país que había destrozado Alan García en su primer gobierno (1985-1990).
Este desorden se unió al ataque del domingo al monumento levantado en Lima en recuerdo a las víctima de la guerra interna (1980-2000), que resultó destruido parcialmente y rociado de pintura anaranjada, el color identificativo del fujimorismo.
En cuanto al proceso, el abogado Nakazaki sí se mostró conforme y reiteró que los magistrados asignados “garantizan un tribunal imparcial”, al descartar cualquier recusación a los vocales.
Mientras tanto, el jefe del INPE, Gustavo Carrión, explicó que no habrá una “cárcel dorada” para el extraditado y ratificó que sólo permanecerá en la Diroes por espacio máximo de 30 días, sin afirmar cual será su destino final.
En medio de la convulsa llegada de Fujimori a Perú, el líder de la oposición, el nacionalista Ollanta Humala, alertó de una eventual alianza entre el gubernamental Partido Aprista y los fujimoristas para lograr su libertad o una reducción de penas.
El ex comandante Humala lideró un levantamiento militar contra Fujimori meses antes de que el ex mandatario huyera a Japón, en 2000, tras salir a la luz pública una gigante y compleja red de corrupción.
Presidente peruano prometió que su gobierno actuará “sin odio, ensañamiento y venganza”
Lima
EFE
Los juicios contra Alberto Fujimori serán públicos, con garantías constitucionales para el acusado y rodeados por fuertes medidas de seguridad para evitar poner en peligro la integridad de los magistrados.
En una rueda de prensa, el presidente del Poder Judicial de Perú, Francisco Távara, anunció ayer que se “actuará con autonomía e independencia, sin aceptar ningún tipo de presiones”.
Távara garantizó el respeto escrupuloso “al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de publicidad de los juicios”.
Asimismo, demandó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una sede “idónea para un adecuado juzgamiento, que dé seguridad a la integridad personal al ex presidente Fujimori como a los magistrados”.
En este sentido, propuso la Base Naval del Callao, donde precisamente están recluidos el que fuera el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, detenido durante el régimen.
Por su lado, el presidente peruano, Alan García, prometió que su gobierno actuará “sin odio, ensañamiento y venganza”, en sus primeras declaraciones públicas desde que la justicia chilena decidiera el viernes la extradición de Fujimori.
“Eso es lo que el pueblo peruano espera de su gobierno, que no abuse de su posición para mancillar o vejar al adversario caído y acusado de múltiples delitos”, manifestó García.
En contraposición, reprochó cómo actuó el régimen fujimorista (1990-2000) al recordar que él mismo fue víctima de la persecución.
“Podría ser el primero en aprovecharme de esta situación, mi casa fue asaltada, fui privado de la nacionalidad durante nueve años”, aseveró cuando recalcó que el trato dispensado a Fujimori es “digno”.
“No hemos puesto en una jaula al señor Fujimori, como en otras épocas se hacía, no hemos puesto un traje de preso al señor Fujimori, como en otras épocas se hacía, no le hemos puesto esposas porque rodeado de policías no tiene sentido pensar que hay peligro de fuga”, dijo al aludir el trato vejatorio que recibió Abimael Guzmán tras su arresto en 1992.
Previamente, la defensa de Fujimori había alertado del “delicado” estado de salud del extraditado por las “duras condiciones” que afronta en su lugar de reclusión: la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes).
El letrado César Nakazaki consideró que “no hay respeto en cuanto a la dignidad” porque se encuentra en “una habitación pequeña” y está aquejado de hipertensión.
En los mismos términos se expresó su hija, Keiko Sofía Fujimori, quien culpó al gobierno del supuesto “maltrato” que está recibiendo el ex jefe del Estado.
Como medida de protesta, Keiko convocó a su grupo parlamentario en la Diroes, donde fue impedido su ingreso, lo que llevó al legislador, Rolando Sousa, a anunciar una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra los funcionarios del INPE y la ministra de Justicia, María Zavala.
En el mismo lugar, la primogénita del acusado expresó su molestia porque el presidente calificara de “dictador” a su padre, quien -a su juicio- sacó adelante al país que había destrozado Alan García en su primer gobierno (1985-1990).
Este desorden se unió al ataque del domingo al monumento levantado en Lima en recuerdo a las víctima de la guerra interna (1980-2000), que resultó destruido parcialmente y rociado de pintura anaranjada, el color identificativo del fujimorismo.
En cuanto al proceso, el abogado Nakazaki sí se mostró conforme y reiteró que los magistrados asignados “garantizan un tribunal imparcial”, al descartar cualquier recusación a los vocales.
Mientras tanto, el jefe del INPE, Gustavo Carrión, explicó que no habrá una “cárcel dorada” para el extraditado y ratificó que sólo permanecerá en la Diroes por espacio máximo de 30 días, sin afirmar cual será su destino final.
En medio de la convulsa llegada de Fujimori a Perú, el líder de la oposición, el nacionalista Ollanta Humala, alertó de una eventual alianza entre el gubernamental Partido Aprista y los fujimoristas para lograr su libertad o una reducción de penas.
El ex comandante Humala lideró un levantamiento militar contra Fujimori meses antes de que el ex mandatario huyera a Japón, en 2000, tras salir a la luz pública una gigante y compleja red de corrupción.