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“Infiltrados” se dejan ayuda de pobres

Yessenia Garita
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Aunque en el país existen programas para combatir la pobreza, estos no están llegando a quienes verdaderamente lo necesitan.
Por el contrario, los recursos de estos proyectos son aprovechados por personas que cuentan con recursos económicos y que no califican como pobres, sino como “infiltrados”.
Estos “infiltrados” están recibiendo recursos de programas como bonos familiares, becas para estudiar y Avancemos, pensiones no contributivas, que podrían estar recibiendo personas que realmente lo requieren.
Actualmente, los comedores escolares brindan el servicio a un 60% de la población necesitada. No obstante se calcula que un 34% de las personas no necesitadas obtienen alimentación en los más de 4 mil comedores con que cuenta el Ministerio de Educación Pública.
Donde se presenta mayor disparidad es en el programa de bonos familiares.
Mientras un 59,4% de los pobres no ha logrado accesar a este proyecto gubernamental, se calcula que al menos la mitad de los beneficiados han sido personas “coladas”.
Si estos recursos se hubieran destinado a personas pobres, el porcentaje de quienes no lograrían acceder a los planes de pobreza disminuiría a un 8,8%.
Las ayudas del programa del Instituto Mixto de Ayuda Social, por ejemplo, cuyo monto para cada estudiante va desde los ¢15 mil hasta los ¢50 mil mensuales, están siendo destinadas principalmente para las personas que no califican dentro del rango de pobreza.
Mientras el proyecto de transporte escolar en zonas rurales está llegando sólo a un 10,4% de los pobres, existe al menos un 26,5% de los beneficiados que se consideran “infiltrados” con transporte gratuito.
“Para escoger a los candidatos a estos programas existen distintos instrumentos que van desde sistemas sofisticados hasta simples entrevistas por algún funcionario de la institución”, dijo Víctor Hugo Céspedes, de la Academia de Centroamérica y uno de los investigadores.
Los planes de lucha contra la pobreza implementados en el país no dan los resultados esperados, debido principalmente a la ausencia de evaluación, a acciones gubernamentales cortoplacistas, falta de coordinación y seguimiento a la duplicidad de funciones de instituciones dedicadas al combate de este problema.
En el país, unas 220 mil familias viven en condiciones de pobreza.
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