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Experto en contratación pública y concesiones enumeró las principales trabas del país al adjudicar obras
Infierno burocrático tiene diez etapas

• “Contradicciones entre entidades públicas son demenciales”, confiesa abogado Eric Scharf


Eduardo Baldares
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Si hay un empleo capaz de convertir la mejor cabellera en un matorral de canas verdes es este: abogado experto en contratación pública y concesiones en Costa Rica.
Eric Scharf, especialista del Bufete Feinzaig, Scharf y Van der Putten, y quien ha llev
ado varios de los procesos más importantes y a la vez engorrosos de los últimos años, elaboró para LA REPUBLICA un listado de las diez principales trabas burocráticas que enfrenta el país. Aunque el desarrollo es cronológico, el abogado considera que el punto más difícil es el sexto, puesto que “las contradicciones entre entidades públicas son demenciales”.


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El calvario comienza durante la etapa previa, cuando el gobierno o bien la institución pública prepara el proyecto. No siempre estos estudios son tan completos y correctos como deberían, y cuando una propuesta está mal planteada desde el inicio, tiene el futuro comprometido.

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Se inicia la preparación del cartel de licitación para los competidores y una vez listo los competidores detectan tremendos defectos, vacíos y contradicciones, y lógicamente estos vicios inciden en el resto del proceso. Esto obliga a veces a corregir los errores después de suscrito el contrato.

3

Tras la presentación de ofertas, durante el proceso de evaluarlas también se pueden presentar dificultades, sobre todo cuando las decisiones se toman en algunos casos por favoritismo. Es en este tipo de situaciones que se pueden descartar propuestas no por razones tan técnicas como debería ser.

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Se adjudica la obra, y en lugar de encontrar una vía libre hacia la construcción, los obstáculos apenas comienzan a surgir, porque en algunos casos recién se comienza a negociar y a discutir el contrato entre el gobierno y la empresa que ganó. Una de las innovaciones positivas es que el contrato puede incluir los textos que se firmarían con el adjudicatario, porque lo contrario puede significar —y ha sucedido— inversión de tiempo valioso, pérdida de meses y hasta años de negociaciones.

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Muy bien, se llegó a un acuerdo con el gobierno. ¿Terminaron los problemas? No. Falta mucho trecho todavía, y lleno de huecos. Es entonces que entra a escena la Contraloría, que debe refrendar el contrato. A veces devuelven los contratos una, dos, tres y hasta más veces. Una solución sería que la Contraloría intervenga previamente.


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Finalmente el contrato es refrendado por la Contraloría… Pero las trabas ahora son más grandes. El país está enfermo de “permisología”. Intervienen Setena en lo ambiental, Aresep en lo tarifario, la institución pública vinculada con el proyecto, la Contraloría fiscalizando, Hacienda en lo tributario, las municipalidades y pueden meterse más actores, como los sindicatos, pero el problema no es ese, ni la falta de coordinación interinstitucional, sino que unas contradicen el criterio de otras.

7
Por tratarse generalmente de proyectos caros, se necesita financiamiento, pero a raíz de tantas dificultades se ha generado una imagen negativa fuera del país. Internacionalmente la
garantía de los bancos no son bienes en sí, sino el proyecto como tal, por lo que la falta de certeza de finalizarlo en un tiempo aceptable, desestimula en muchos casos la participación de los bancos multinacionales.

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Una vez sorteados todos los pasos, todo parece listo para comenzar la obra. Pero no. El tema de las expropiaciones en Costa Rica es muy lento, y puede ocasionar atrasos enormes en los proyectos viales. Incluso los entes financieros difícilmente desembolsarán recursos mientras no esté garantizado el derecho de vía.

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Finalmente están los conflictos del día a día, tras la puesta en marcha de las obras. Ha faltado un criterio más gerencial por parte de quien fiscaliza, porque la relación Privado-Estado debe ser entendida como una sociedad. La actitud del supervisor estatal debería fomentar la producción del concesionario, pero a veces hay que desgastarse en dar cuenta de aspectos considerados poco relevantes.

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Hay otros factores que no se relacionan con lo técnico, pero que pueden influir de forma adversa; se trata de implicaciones éticas dignas de tomar en cuenta. Los problemas pueden ser de índole político, como cuando un proyecto que quizás no es tan necesario, se antepone a otro simplemente porque un interés particular supera al colectivo.
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