Gobierno tiene “millones” de razones para no ordenar buses
“En los últimos años se ha modificado la composición de la flota vehicular en el sentido de que está ingresando un 71% de unidades nuevas contra un 29% de unidades usadas, mejorándose además sensiblemente la recaudación fiscal”, dijo Lilliana Aguilar, directora ejecutiva de Aivema. Esteban Monge/La República
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Resumen ejecutivo
La lentitud con que se pone en funcionamiento un sistema de transporte público eficiente, se explicaría en alguna medida, por el hecho de que una buena parte de los ingresos del Gobierno, está relacionada con la posesión de un carro.
Solo el año pasado, el Ministerio de Hacienda cobró unos ¢255 mil millones gracias a una histórica importación de 73 mil carros.
Al agregar a los impuestos de importación, la compra de gasolina, se recaudan unos ¢600 mil millones.
El MOPT no descarta mejorar el sistema de transporte, con medidas como la sectorización y el cobro electrónico ni tampoco imponer sus decisiones al sector autobusero.
Sin embargo, otras dudas acerca de las intenciones del Gobierno sobre este tema surgieron la semana pasada, con el nombramiento de Liza Castillo como viceministra, que estuvo ligada al sector autobusero antes de asumir el cargo.

 


El Gobierno no tiene prisa en poner en funcionamiento un sistema de autobuses ágil, moderno y seguro, que saque de circulación a miles de vehículos diariamente.

Hacerlo se traduciría en una merma significativa en los recursos que recibe anualmente en momentos de estrechez fiscal.

El Ministerio de Hacienda ha cobrado ¢1 millón de millones en impuestos por la importación de vehículos desde 2011, logrando el año pasado una cifra récord de unos ¢255 mil millones.{l1}autobuseros_secuestraron_transporte_publico{/l1}

Mientras tanto, la venta de las gasolinas significaron unos ¢370 mil millones anuales al erario público, que le sirven en estos momentos para financiar sus gastos ordinarios.

Para el Gobierno es fundamental seguir recibiendo este dinero, ya en los últimos años ha tenido que endeudarse en más de un 40% para financiar sus gastos operativos, como el pago de salarios, las pensiones e inversiones del sector público.

Los proyectos de sectorización y de cobro electrónico representan una amenaza para el gobierno en cierto sentido, ya que si se cuenta con un sistema de transporte público eficiente, barato, ágil y seguro es probable que muchas personas decidan guardar sus carros, para no sufrir en los embotellamientos diarios.{l2}autobuseros_divididos_por_control_del_cobro_electronico{/l2}

Sin embargo, el Gobierno niega cualquier interés en atrasar los proyectos de transporte público por razones fiscales.

Prueba de ello es que el Gobierno ha amenazado con imponer sus decisiones sobre los proyectos en cuestión a los autobuseros, si no se da un avance significativo en esta administración, dijo Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes.

La suspicacia de los sectores se acrecentó a finales de la semana pasada, cuando se dio a conocer el nombramiento de Liza Castillo como nueva viceministra de Transportes, ya que la funcionaria estuvo ligada al sector autobusero en los meses previos, mientras que su antecesor Sebastián Urbina se enfrentó a los autobuseros por la sectorización y el cobro electrónico.

Todos los días unos 19 mil buses, incluyendo automotores de turismo, estudiantes y otros particulares, circulan por las carreteras nacionales, incrementando los problemas de embotellamientos que generan unos ¢330 mil millones en pérdidas, de acuerdo con el Estado de la Nación del año pasado.

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