¿Gobernar por referéndum?

Nuestra Constitución Política establece que la potestad de legislar reside en el pueblo, que la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Aunque la misma Constitución regula que tal potestad es irrenunciable, y no puede ser limitada por algún convenio o contrato, sabemos que la inoperancia e ineficiencia legislativa provocan que esta delegación en la Asamblea no funcione en la práctica.
En el 2002 se aprobó una reforma constitucional para que el pueblo pueda ejercer su potestad de legislar no solo por medio de los diputados sino directamente, con un referéndum o la iniciativa legislativa popular. En el caso del referéndum, la reforma estableció tres modalidades según quienes lo convocan: ciudadano, legislativo o ejecutivo. Además, se impusieron condiciones, como que el referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
En el 2006 se aprobó la “Ley de Regulación del Referéndum”, como una forma de democracia participativa, congruente con la filosofía de potenciar la participación ciudadana en la dirección de los asuntos políticos. Se añadieron un par de restricciones adicionales: no podrá convocarse a más de un referéndum al año, tampoco durante los seis meses anteriores o posteriores a la elección presidencial. Eso sí, se permitió que cuando se presente más de una solicitud de convocatoria se podrán acumular las distintas consultas para que se conozcan en un solo acto comicial.
Si consideramos la maraña institucional, el bloqueo político y la falta de liderazgo en la que nos encontramos actualmente, ¿no deberíamos utilizar más la figura del referéndum y aprobar leyes trascendentales para la vida colectiva? Claro.
La exitosa experiencia del 2007 con el referéndum sobre el TLC con los Estados Unidos y Centroamérica debe ser un ejemplo para hacerlo. De esta forma se evita tomar decisiones que generan un trabamiento político o convulsión social, provocados en parte por la irresponsabilidad de algunos grupos políticos o sociales (como los sindicatos) que se autocalifican como los “defensores del pueblo” y se arrogan representaciones que no les corresponden.
En síntesis, dadas las condiciones políticas actuales, el Gobierno debería convocar a los dos referéndum que la ley le permite sobre temas de importancia nacional, como aprobaciones de leyes relacionadas con la seguridad social, reformas generales a la Constitución Política, temas de infraestructura, como mejoras en el manejo de los puertos, concesiones para el manejo de ciertos activos del Estado, etc.
Si bien decía Winston Churchill que “la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”, no podemos conformarnos. Es claro que hoy, la delegación que el pueblo hizo por décadas no está funcionando y necesitamos una democracia más participativa.

David Gutiérrez Swanson
davgutswa@gmail.com

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