Futuro de megapuerto podría ir a Congreso
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 01 noviembre, 2011
Constitución faculta a Asamblea sobre temas de servicios
Futuro de megapuerto podría ir a Congreso
Presión crece sobre contralora para que se declare incompetente
Un grupo de 25 diputados de la oposición reclamó ayer el supuesto derecho que tiene la Asamblea Legislativa, para aprobar o no, la concesión otorgada por el Gobierno a la empresa holandesa APM, para que construya un nuevo puerto en la provincia de Limón.
Los legisladores de la Alianza por Costa Rica, que incluye cinco bancadas tan disímiles ideológicamente como el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, basan su reclamo en la Constitución Política.
De acuerdo con su interpretación, el artículo 121 establece que aquellos contratos suscritos por el Gobierno y que incluyan la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales, deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
Hasta el momento, la función de refrendar este tipo de vínculos contractuales entre el Gobierno y cualquier empresa privada, ha recaído directamente sobre la Contraloría General de la República.
Por esta razón, dicho grupo de legisladores envió una misiva a Rocío Aguilar, contralora general, para que declare de forma inmediata, “su incompetencia” sobre este tema.
“Estamos sentando un precedente legal al tomar esta decisión, ya que durante años, las asambleas legislativas de turno decidieron por voluntad propia, renunciar a esta potestad”, expresó Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa.
La Alianza por Costa Rica no esperó siquiera a que la contralora se refiera al tema y ayer mismo, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo debatir el contrato entre APM y el Gobierno.
Los diputados de la Alianza negaron que un órgano político como el Congreso afecte el refrendo de contratos de este tipo, ya que no solo verán los aspectos técnicos, sino también otras variables.
“La Contraloría solo ve la variable técnica de los contratos, nosotros tendremos una visión más integral, que incluye otros elementos legales, políticos, ambientales, sociales y económicos. Creo que somos el ente administrativo que debe resolver estas situaciones”, indicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
El 31 de agosto anterior, Laura Chinchilla, presidenta de la República, y los representantes de dicha empresa firmaron el contrato, el cual obliga a la concesionaria a invertir $1.000 millones en la construcción de un moderno puerto y de esta forma evitar que el país siga entre los que tienen los peores atracaderos del mundo. La concesión sería por 33 años.
La firma del contrato ha estado cargada de polémica, ya que ni el sindicato de Japdeva, ni la Cámara de Bananeros están de acuerdo, por lo cual han presentado diversos reclamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Contraloría es un órgano auxiliar del Congreso y en buena teoría responde a los mandatos de los diputados. Ayer, LA REPUBLICA trató de conversar con Aguilar sobre este tema, pero al cierre de edición fue imposible contactarla.
Sobre este tema, Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción de Liberación Nacional, se mostró sumamente preocupado.
“No es procedente desde ningún punto de vista. La Contraloría debería hacer esta labor. Traer un tema de esta magnitud acá generaría no solo inseguridad jurídica a los inversionistas, sino que también correríamos el riesgo de que nunca salga”, concluyó Villanueva.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Futuro de megapuerto podría ir a Congreso
Presión crece sobre contralora para que se declare incompetente
Un grupo de 25 diputados de la oposición reclamó ayer el supuesto derecho que tiene la Asamblea Legislativa, para aprobar o no, la concesión otorgada por el Gobierno a la empresa holandesa APM, para que construya un nuevo puerto en la provincia de Limón.
Los legisladores de la Alianza por Costa Rica, que incluye cinco bancadas tan disímiles ideológicamente como el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, basan su reclamo en la Constitución Política.
De acuerdo con su interpretación, el artículo 121 establece que aquellos contratos suscritos por el Gobierno y que incluyan la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales, deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
Hasta el momento, la función de refrendar este tipo de vínculos contractuales entre el Gobierno y cualquier empresa privada, ha recaído directamente sobre la Contraloría General de la República.
Por esta razón, dicho grupo de legisladores envió una misiva a Rocío Aguilar, contralora general, para que declare de forma inmediata, “su incompetencia” sobre este tema.
“Estamos sentando un precedente legal al tomar esta decisión, ya que durante años, las asambleas legislativas de turno decidieron por voluntad propia, renunciar a esta potestad”, expresó Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa.
La Alianza por Costa Rica no esperó siquiera a que la contralora se refiera al tema y ayer mismo, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo debatir el contrato entre APM y el Gobierno.
Los diputados de la Alianza negaron que un órgano político como el Congreso afecte el refrendo de contratos de este tipo, ya que no solo verán los aspectos técnicos, sino también otras variables.
“La Contraloría solo ve la variable técnica de los contratos, nosotros tendremos una visión más integral, que incluye otros elementos legales, políticos, ambientales, sociales y económicos. Creo que somos el ente administrativo que debe resolver estas situaciones”, indicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
El 31 de agosto anterior, Laura Chinchilla, presidenta de la República, y los representantes de dicha empresa firmaron el contrato, el cual obliga a la concesionaria a invertir $1.000 millones en la construcción de un moderno puerto y de esta forma evitar que el país siga entre los que tienen los peores atracaderos del mundo. La concesión sería por 33 años.
La firma del contrato ha estado cargada de polémica, ya que ni el sindicato de Japdeva, ni la Cámara de Bananeros están de acuerdo, por lo cual han presentado diversos reclamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Contraloría es un órgano auxiliar del Congreso y en buena teoría responde a los mandatos de los diputados. Ayer, LA REPUBLICA trató de conversar con Aguilar sobre este tema, pero al cierre de edición fue imposible contactarla.
Sobre este tema, Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción de Liberación Nacional, se mostró sumamente preocupado.
“No es procedente desde ningún punto de vista. La Contraloría debería hacer esta labor. Traer un tema de esta magnitud acá generaría no solo inseguridad jurídica a los inversionistas, sino que también correríamos el riesgo de que nunca salga”, concluyó Villanueva.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net