Acuden a Sala IV para evitar contrataciones “relámpago”

Freno a decreto de emergencia para Trocha

Diputados de oposición piden salida de ministro, viceministro y presidenta de la CNE

 

Los diputados de oposición recomendaron para Luis Liberman, vicepresidente de la República, una sanción moral, por su supuesta participación en la toma de decisiones en la construcción de la Trocha fronteriza.Archivo/La República

Para evitar un nuevo capítulo de eventual corrupción en la Trocha 1856, diputados de oposición presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Su objetivo es traerse abajo el decreto de emergencia que emitió Laura Chinchilla, con el objetivo de acelerar la construcción de la segunda parte de esa carretera de emergencia.
La medida es parte de las acciones y recomendaciones que hicieron Manrique Oviedo del PAC y Patricia Pérez del Movimiento Libertario, tras la investigación que realizaron de la Trocha fronteriza.
Ayer mismo, Walter Céspedes del PUSC y las congresistas de Liberación Nacional, también presentaron sus respectivos informes.
La idea de acudir a la Sala IV es evitar que la falta de controles y las contrataciones directas, sean caldo de cultivo para actos anómalos.
La decisión de los legisladores se da porque hace un mes la Presidenta anunció la inversión de ¢146 mil millones más, para finalizar las obras de construcción.
“No queremos que se den nuevos actos anómalos y por eso, hemos presentado a la Sala IV este recurso”, explicó Pérez.
Por otra parte, los diputados exigieron al Consejo de Gobierno la destitución de varios funcionarios públicos, entre ellos René Castro, ministro de Ambiente; Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia, y Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencia.
“Esto inicia con todas sus repercusiones por las acciones del señor Castro; él es el responsable inicial y absoluto de todo lo que pasó aquí. Cuando él era canciller, la Asamblea le advirtió de las incursiones nicaragüenses en Isla Calero, pero él hace caso omiso. Por eso pedimos su salida inmediata”, indicó Oviedo.
Al respecto, Castro indicó por medio de un comunicado, que los “diputados están cometiendo un error histórico y una gran injusticia política al responsabilizarme de la invasión de Nicaragua a Isla Calero y la posterior construcción de la trocha fronteriza”.
En otras de las recomendaciones, se exhortó a todos los partidos políticos, para que no nombren a Francisco Jiménez, exministro del MOPT, en ningún cargo público o de elección popular durante los próximos ocho años.
En el caso de Luis Liberman, vicepresidente de la República, los legisladores solicitaron al Consejo de Gobierno una sanción moral por su supuesta participación en la toma de decisiones.
Exhortaciones similares de inhabilitación de cargos públicos fueron hechas para Carlos Acosta, exdirector del Conavi, y los ingenieros de la junta directiva.
El informe no cuenta con la firma del diputado Walter Céspedes del PUSC, pues en medio de la investigación se dio a conocer un cruce de correos en el que el legislador pide a Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, trabajo para dos allegados suyos, aduciendo que “ya hice mi parte”. Por esto, también recomendaron una sanción moral.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net