Faltas a la ética surgen cada tres días

Faltar a las normas éticas o tomar decisiones en las cuales se presentan conflictos de interés son parte de los motivos que llevaron a 712 funcionarios públicos a enfrentar investigaciones en los últimos seis años.

Esto equivale a decir que en ese mismo periodo surgió —en promedio— una investigación nueva cada tres días.

Sin embargo, la ausencia de una normativa más fuerte impide que algunos de esos funcionarios sean sancionados. En la presente administración, varios pasaron por la lupa de la Procuraduría de la Ética y lograron evadir un posible castigo.

De los 712 casos abiertos por supuestas faltas éticas de funcionarios desde 2008, en promedio ocho de cada diez terminaron con algún castigo o sanción administrativa.

Sin embargo han venido aumentando.

En los dos últimos años la cantidad de quejas atendidas por la Procuraduría creció un 40%, alcanzando los 174 casos el año anterior.

Para lo que va de 2013 ya se han presentado 55 nuevas denuncias contra empleados públicos, lo cual también refuerza la tendencia promedio de al menos un caso o persona nueva investigada cada tres días.

Las denuncias son por diferentes tipos de faltas, aunque no existe la estadística de cuánto cuesta cada investigación, lo cierto es que por expediente se asignan un procurador, dos abogados y una secretaria, además de los gastos de desplazamiento a lugares de trabajo de cada funcionario.

Esto equivaldría a decir, que solo en pago de salarios, el Estado invertiría cerca de ¢4 millones mensuales. Pese al gasto que representa para el país, al trabajo realizado y al aumento en la cantidad de casos, no todos terminan con una sanción.

Altos jerarcas como Leonardo Garnier, de Educación; Luis Liberman, vicepresidente, y Yessenia Calderón, jerarca de AyA, son solo algunos de los políticos que recientemente han pasado por la lupa de la Procuraduría de la Ética. Sin embargo, ninguno de los tres recibió castigos por parte del Gobierno ya que los procesos éticos que se llevan en esta institución se limitan solo a recomendar medidas disciplinarias.

En el caso de Garnier y Liberman, la investigación fue por expedir cartas de recomendación a beneficio de la empresa Procesos.

Esta firma obtuvo una asesoría en comunicación de Recope, y como parte de los requisitos presentó dos cartas de recomendación que fueron otorgados a título personal por los altos funcionarios.

Mientras que a Calderón se le investigó por presuntamente cometer conflicto de intereses.

La funcionaria aparentemente contrató a una asociación privada llamada Acreh para que organizara una carrera en noviembre de 2012 a beneficio de Acueductos y Alcantarillados.

El problema es que Calderón aparecía, hasta febrero del 2013, como presidenta en el acta de registro de Acreh y a la vez ejercía como máxima jerarca en la institución pública.

Este caso trascendió el pasado 9 de mayo, y pese a que el procurador de la ética, Gilberth Calderón, lo envió al Consejo de Gobierno, el 28 de mayo la gobernante Laura Chinchilla resolvió que no tomaría medidas contra Calderón hasta que la Contraloría resuelva otra parte del proceso.

Adicional a ellos, los últimos en ser mencionados por la Procuraduría la semana anterior fueron Anabel González, de Comercio Exterior; Francisco Chacón, de Comunicación, e Irene Pacheco, asesora de Laura Chinchilla, por el caso del vuelo de la mandataria a Perú en un avión presuntamente vinculado con el narco.

Las sanciones quedarán a criterio de la Presidenta.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net