Estudio sobre pensiones del IVM incumplirá fecha de entrega
| Jueves 15 enero, 2015
El estudio que determinará la sostenibilidad de las pensiones de la Caja no estará listo para entregarse en la fecha pactada.
Debido a los constantes atrasos e irregularidades en la elaboración del informe, la institución analiza extender el contrato un mes más.
Para tomar esta decisión se debe contar con el respaldo de la Superintendencia de Pensiones (Supen), que hasta ahora no se ha referido al tema.
Los supuestos atrasos en la entrega de productos y la devolución de otros, harían prácticamente imposible que el informe final esté listo a finales de enero.
“Hay hermetismo”, dijo María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, tras ser consultada acerca de si se terminará a tiempo.
La Ley permite una ampliación del contrato, pero el Colegio de Ciencias Económicas dio permiso al consultor argentino para hacer el estudio hasta el 31 de enero y de manera improrrogable.
Si el contrato se lograra ampliar, la expectativa es que el consultor no dure más allá de marzo en la entrega del resultado. Los distintos escenarios son analizados por la Caja.
Parte del problema es que la Universidad de Costa Rica (UCR) debe revisar la información entregada por el consultor y todavía, al 20 de diciembre, había documentación incompleta.
La UCR será el garante de la confiabilidad del estudio. El convenio se está por firmar en los próximos días, de acuerdo con Sáenz.
No obstante, contratar a otro consultor para que haga el informe y empezar de cero tampoco se descarta.
En este caso, la institución estaría dispuesta a cobrar la garantía de cumplimiento y pasar a otro proceso si no hay avances.
Desde el inicio, los técnicos del Seguro Social y la Supen manifestaron su inconformidad con respecto a varios productos, según minutas en poder de este medio de comunicación.
La Caja habría solicitado corregir aspectos relacionados con la definición de hipótesis y supuestos financieros y demográficos.
De igual forma, el segundo informe de avance, remitido por segunda vez, se rechazó porque no fue de satisfacción de la comisión, a mediados de diciembre.
Entretanto, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, alega confidencialidad para no emitir ninguna opinión.
Eduardo Melinsky, consultor encargado del estudio, ganó el contrato por ¢100 millones a otras tres empresas mediante una licitación pública.
La Supen afirma que el fondo de pensiones de la Caja entrará en problemas para pagar las pensiones a partir del año 2023, mientras el Seguro Social dice que la etapa crítica iniciará en el año 2040.
Este conflicto llevó a contratar a un tercero. Con base en el resultado, la Caja decidirá si amplía las cuotas, la edad de retiro o hace cambios en el beneficio.
