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El país debe aprobar sin demora las leyes que faltan para acoplarnos a las acciones del mundo que buscan acabar con el grave daño que ocasiona el tabaquismo a las personas y al ambiente

Es tiempo de actuar

En épocas de crisis y cambios como la actual, se necesita más que nunca la toma de decisiones. Hay temas que pueden necesitar estudio y análisis antes de dar paso a la acción, pero esto debe hacerse sin demoras. Otros, en cambio, han sido ya diagnosticados como negativos por lo que no merecen más que una rápida gestión… y a otra cosa.
Costa Rica firmó en julio de 2008 el Convenio Marco contra el Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud, en vista de que el mundo decidió tomar medidas por el enorme daño que los cigarrillos producen a la salud humana y al ambiente.
Una vez que las personas cayeron en esa trampa mortal, que las convenció de que aspirar el humo de los cigarrillos y mandarlo a sus pulmones las hace más felices, solo cabe tomar medidas importantes para sacarlas de esa adicción causante de sufrimiento, de serias enfermedades y muerte.
Para cumplir con el compromiso adquirido, es decir, con las pautas a seguir, del convenio antes mencionado, el país debe aprobar una nueva ley. La responsabilidad es de los legisladores puesto que el Ejecutivo la envió a extraordinarias aunque no ha sido tramitada aún.
Entre varios de los aspectos del nuevo proyecto de ley, está la creación de un fondo, del cual el 60% irá a la Caja Costarricense de Seguro Social, que gasta ¢45 mil millones al año en la atención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo y concede 55 mil días de incapacidades por males relacionados con el fumado.
Como vemos, el que la gente aspire el humo del tabaco es un pésimo negocio para el país y una sentencia de enfermedad, sufrimiento y muerte para las personas. Es decir, que lo único que cabe es la aprobación de las leyes que nos hacen falta para acoplarnos al mundo que lucha contra este mal. Una acción que no debe hacerse esperar.
El respaldo de los ciudadanos a que se regule el tabaco es muy fuerte. Se muestra a favor de ello el 93% de las personas, de acuerdo con un estudio de opinión realizado por la CID Gallup.
Es a los legisladores a quienes corresponde que el trámite no se retrase. Es el momento para que el Primer Poder de la República demuestre su eficiencia.
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