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El clero y la política

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 12 junio, 2013


El mejor escudo frente a una amenaza de ser gobernados por religiosos sería una mejoría en la educación del pueblo


El clero y la política

No obstante un veredicto contundente y vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen las parejas que desean tener hijos a través de la fertilización en vitro sin acceso a este procedimiento; el clero evangélico en la Asamblea ha montado un bloqueo sin cuartel a todo esfuerzo de crear un reglamento y legislación que permitieran ofrecer el servicio en el país.
Dos pastores quisieran imponer sus creencias personales al resto de la población. Perdieron la batalla en el campo de la educación sexual y ahora quieren reivindicarse, presentando incontables mociones al proyecto que permitiría a Costa Rica acatar la decisión de la Corte internacional.
Si bien es cierto que hay limitaciones formales e informales en lo que puede ser la participación del clero en la política, estas aplican únicamente a los de la religión católica. Como parte del acuerdo con el Vaticano (Concordato), que compromete al país a contribuir al mantenimiento de la Iglesia Católica, la oficial, los jerarcas de esta religión limitan la participación de su sacerdocio en la política, y en especial la electoral.
Pero según la Constitución Política, que declara a solo una religión como la oficial, ¿es un pastor evangélico un clérigo? ¿Pudiera un pastor ser candidato a la presidencia de la República? Es mi opinión que actualmente sí pudiera serlo.
Es también mi opinión que tener un presidente que fuera pastor o sacerdote sería nocivo para el país, como también es negativo permitir que estos sirvan o sirvieran como “padres de la patria.”
Al final de cuentas hay que admitir que el problema principal con esto de la reglamentación de la fertilización en vitro no está con el clero, si no con el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que permite que un par de diputados puedan impedir la aprobación de legislación que los otros 55 están dispuestos a sancionar. Para proteger a los derechos de la minoría, el reglamento efectivamente elimina la capacidad de gobernar de la mayoría; este es otro componente de lo que ahora se denomina la “ingobernabilidad.”
Si Costa Rica decidiera dejar de tener una religión oficial, ¿pudiera mantener la prohibición a la participación del clero, no obstante la religión que representara, en la política nacional? Es dudoso, porque un costarricense que también es sacerdote debería tener los mismos derechos que todos los demás ciudadanos. La Iglesia Católica disciplinaría a su sacerdocio, pero las distintas denominaciones de evangélicos en general no lo harían.
El mejor escudo frente a una amenaza de ser gobernados por religiosos sería una mejoría en la educación del pueblo. Más educada la persona, menos probable que permita que otro reglamente y decida sobre lo que puede hacer en su vida privada y en familia.
Los gobiernos están para proteger a los ciudadanos de la delincuencia, para proveer escuelas y colegios, para crear y mantener infraestructura, y para garantizar los derechos de vivir en libertad; meterse en la vida sexual y reproductiva no debería ser potestad de los que gobiernan.


Carlos Denton

cdenton@cidgallup.com

 

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