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Atrasadas muchas cuotas de los empleados del Estado
EL CANCER DE LA CAJA
Faltan medidas para sanear finanzas del ente

Como una persona que se ve bien, pero que tiene un tumor maligno por dentro, así es la condición de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que a las finanzas del sistema médico se refiere.
Al final de cuentas, los resultados financieros de la Caja parecen ser sanos; no obstante, por dentro hay un contagio crónico.
Se trata de las cuentas por cobrar, cuyo déficit tiene como resultado un deterioro en los servicios que reciben las personas que pagan sus cuotas.
A más largo plazo, la enfermedad en estas cuentas amenaza con matar a la institución.
Para resolver este problema financiero grave, el Estado debería cumplir con sus obligaciones laborales, mientras que la Caja tendría que reducir los costos de operación, así como mejorar la forma de administrarse.
Sin embargo, ni el Estado ni la Caja todavía están implementando estas medidas, en forma significativa.
En lo que a los estados financieros de la Caja se refiere, por cierto apareció un superávit de ingresos de $4 millones en 2011.
No obstante, esta cifra oculta el hecho de que sumaron $795 millones, correspondientes a las cuentas por cobrar, así como las de incobrables, o sea, dinero que nunca entró en efectivo a las arcas de la institución.
Este monto es más del doble del total de la morosidad, que apareció en 2007.
Parte del problema está relacionado con los empleadores del sector privado, que no hacen las contribuciones a la Caja para sus empleados.
Pero, a excepción de la atención de emergencias, la Caja no proporciona servicios médicos a las personas que están atrasadas en sus pagos.
Un problema mayor es el Estado, a cuyos trabajadores les hacen los rebajos correspondientes para la Caja, a pesar de que el patrono no está cancelando las cuotas en la forma usual.
Desde 2008, cuando comenzó a experimentar serios problemas financieros, el Estado empezó a darle bonos a la Caja, en lugar de dinero efectivo, como forma de cumplir parte de sus obligaciones.
Los bonos tienen un valor real.
Sin embargo, la Caja a la hora de hacer efectivo estos bonos se ve en problemas para que el mercado se los compre por el valor real, lo cual provoca que en muchos casos deba tenerlos hasta que el mismo Estado finalmente los pague.
Mientras tanto, la Caja tiene que pagar en efectivo a los trabajadores y proveedores.
No hay mucho que se pueda hacer para retrasar el pago de sus empleados, que esperan recibir su salario cada 15 días.
En cambio, la Caja, en muchos casos toma más tiempo para pagar a las empresas, que la suplen con una variedad de productos y servicios, desde las gabachas hasta los fármacos.
En lugar de cancelar en un mes la factura de una empresa tal, se comienza a pagar en 60 días.
Durante este mes adicional, la Caja sigue recibiendo dinero, y así luego lo cancela.
Pero el déficit de la Caja ha venido creciendo en los últimos cuatro años.
A medida que aumente el déficit, la Caja necesita más tiempo para pagar, de modo que 60 días se convierten en 90, que se alargan en 120, y así sucesivamente.
Esta situación es perjudicial para los proveedores, sin embargo estos podrían estar compensando el atraso en las cuentas, con el cobro de precios más altos por los mismos bienes, los cuales continúan vendiendo al Seguro Social.
En este caso, el costo operativo de la Caja aumenta.
Dado que los ingresos no crecen al mismo ritmo, lo único que la Caja puede hacer ante esta encrucijada, es ofrecer menos servicios, incluso a las personas cuyas contribuciones estén al día.
Para salir de esta espiral tóxica, una opción es que el Estado vuelva a contribuir a la Caja a nombre de sus empleados, de la forma debida.
Dado el imponente déficit del sector público, en gran parte causado por un exceso de gastos, no es probable que aparezca una cura pronta por este lado.
Otra solución sería que la Caja se haga más eficiente.
Por un lado, está al asunto de la cantidad de personas que trabaja allí.
De hecho, el personal incrementó no menos de 10 mil empleados en los últimos cinco años, mientras que el Estado supuestamente está enfrentando serios problemas financieros.
Otro aspecto tiene que ver con la calidad del trabajo que se hace.
En la nómina de la institución, por cada doctor hay cinco administradores, haciendo trabajos burocráticos, que podrían resultar caros, sin mejorar el servicio que recibe el público.
Los mismo sucede en algunos casos con los propios médicos, que exigen condiciones preferenciales.
No obstante, en el país actualmente hay muchos más doctores graduándose que hace varios años, de modo que no sería difícil encontrar a suplentes, dispuestos a ayudar a resolver los problemas financieros del ente.
Es loable contar con un servicio médico público que brinda una atención pronta y confiable a millones de personas.
Pero no es posible esperar que eso suceda, sin que todos los sectores hagan sus aportes al sistema, que por su parte funcione de forma sostenible.

Bernal Rodríguez
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Pablo Villamichel
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Fred Blaser
CoPresidente
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