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Viernes 22 Mayo, 2009


Columna invitada
El miedo a las formas

Mucho se ha dicho respecto a los cambios que nuestra Constitución Política debería sufrir para promover una mayor gobernabilidad y eficiencia de la administración pública; empero, las siguientes líneas no tienen como finalidad emitir un juicio de valor sobre la necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país. En esta oportunidad interesa llevar el análisis al campo del discurso emitido por ciertos actores sociales en torno al tema, específicamente los criterios encaminados a exteriorizar su reserva a una convocatoria en virtud “de que el escenario político actual no se presta” o que afirman “la existencia de un riesgo en los resultados del proceso de reforma constitucional”.
Si bien todos los procesos de reforma normativa por antonomasia llevan aparejados un riesgo en cuanto a sus resultados en virtud de que la aplicación del producto final no puede ser prevista totalmente, tal factor no debe por sí solo convertirse en el óbice para el mejoramiento y la modernización de los instrumentos jurídicos, si es que así se requiere. Específicamente en el caso de la reforma general a la Constitución Política es entendible que existan cuestionamientos o vínculos al escenario político actual ya que el contenido de la Carta Magna guarda una fuerte e innegable sustancia política, al estar en ella contenidas ideologías y concepciones tanto del ser humano como del Estado. Si bien lo anterior es un proceso mental comprensible, pretender que el escenario para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sea absolutamente pacífico y coincidente en su destino, es ir en contra de la realidad de una sociedad dinámica y pluralista que sufre modificaciones constantemente; las sociedades son escenarios en movimiento, por lo que su total simetría y consenso va en contra del propio espirito democrático y del respeto a las diferencias. Si el proceso de reforma general a la Constitución existe como herramienta jurídica, debe utilizarse, desechar tal opción sin analizar el fondo de las reformas propuestas es tener miedo a las formas preestablecidas por el ordenamiento jurídico. Siendo lo más lamentable que ese miedo se traduce en una privación para los costarricenses de mejorar el contenido de su Ley Fundamental. Precisamente este temor es el que ha generado que la gran mayoría de las constituciones vigentes en nuestro país han nacido producto del rompimiento del orden constitucional y no son resultado de análisis o del deseo propio de mejorar tan importante instrumento jurídico-político.
Con todo esto lo que se pretende trasmitir es que si luego de un proceso de discusión y análisis se determina que existen ciertas normas de la Constitución Política que deben variarse vía reforma general, dichas modificaciones deben realizarse sin especular con su postergación, toda vez que no podemos oponer argumentos que pretendan una estabilidad política total o acuerdo absoluto de los actores involucrados para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que eso es lo mismo que esperar que el espíritu humano, la política y la sociedad varíen su propia naturaleza.

Especialista en derecho público
BLP Abogados