Diplomacia lista para ir a La Haya
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Jueves 06 enero, 2011
Próximo martes arrancarán audiencias en las que Costa Rica espera se frene la devastación ambiental en Isla Calero
Diplomacia lista para ir a La Haya
Gobierno destinará $2 millones del presupuesto de este año a costear proceso judicial
Corte Internacional de Justicia establecería las medidas cautelares a Nicaragua a finales de enero
Bajo la dirección del embajador Edgar Ugalde, el próximo martes Costa Rica pedirá en el seno de la Corte Internacional de Justicia en La Haya el cese inmediato de los trabajos de devastación que obreros de Nicaragua ocasionan en la costarricense Isla Calero.
El 11 de enero se dará inicio a la primera de tres audiencias, en las que se analizará el establecimiento de medidas cautelares al vecino del Norte, tras la demanda formal que Costa Rica interpuso por la invasión militar y el daño ambiental en Isla Portillos, en un sector conocido popularmente como Isla Calero, en la margen sur del río San Juan.
Ese día tanto la delegación nacional como la nicaragüense presentarán su posición sobre el conflicto en cuestión. Un día después se darán las réplicas y el 13 de enero, las contrarréplicas a los argumentos presentados por la otra parte.
La diplomacia costarricense estima que este caso podría prolongarse durante al menos cinco años. Por ello aboga por la urgencia de que La Haya ordene el cese de trabajos en la zona en conflicto y que Nicaragua retire sus tropas de suelo costarricense de forma inmediata, hasta que esta instancia no emita una sentencia.
De no ocurrir ningún inconveniente en el camino, a finales de enero la Corte Internacional definiría sí es necesario el establecimiento de medidas cautelares y cuáles serían estas.
“Esperamos que se dicten las medidas y se detenga este daño ambiental debido a la ejecución de un proyecto mal concebido, mal dirigido, empíricamente ejecutado y que no va a generar beneficios económicos, ni sociales. Solo va a quedar el daño ambiental. Se ha hablado de beneficios a la navegación, no habrá ese beneficio, se habla de mejorar la calidad de las aguas, tampoco va a ocurrir eso. De momento, nuestra gran preocupación es que se limite a esa esquina, al noreste del país y que no engangrene el resto del cuerpo del humedal. Eso es lo que queremos limitar”, expresó el canciller René Castro.
Este proceso judicial no solo tomará mucho tiempo, sino que también requerirá una inversión millonaria. Solo para este año, el Poder Ejecutivo pretende destinar $2 millones del presupuesto nacional para costear las gestiones del país en La Haya.
Para la preparación de este caso, un equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores lleva semanas analizando arduamente todos los documentos, mapas y reuniéndose con diferentes expertos, con quienes termina de afinar la estrategia que el país llevará a cabo en La Haya.
Paralelo a este proceso judicial, el Gobierno conformó un equipo interministerial que monitorea minuto a minuto todo lo que acontece en Isla Calero y la frontera norte del país, hasta que no haya una respuesta de la Corte.
Asimismo, se ha girado una serie de instrucciones para mejorar la seguridad en los afluentes ticos que nutren al río San Juan, pues en reiteradas ocasiones Daniel Ortega, mandatario del vecino país, ha anunciado sus intenciones de navegar por la costarricense Barra del Colorado.
Las medidas van desde incrementar la presencia policial, así como el entrenamiento de los oficiales, hasta arrancar una serie de estudios para impedir durante ciertas horas del día la navegación por aguas nacionales en la zona limítrofe.
Costa Rica demandó a Nicaragua ante La Haya, luego de que Managua se negara a acatar una resolución de la Organización de Estados Americanos, que les pedía abandonar Calero y por ende detener los trabajos en la zona.
Después de la Corte, la última instancia a la que acudiría la diplomacia tica es al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, pero solo si el vecino del Norte se rehúsa a cumplir con un fallo del órgano judicial.
El conflicto con Nicaragua se suscitó desde el pasado 21 de octubre, cuando el país denunció que obreros nicaragüenses vertían en territorio nacional sedimentos de un dragado que se realiza al río San Juan.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Diplomacia lista para ir a La Haya
Gobierno destinará $2 millones del presupuesto de este año a costear proceso judicial
Corte Internacional de Justicia establecería las medidas cautelares a Nicaragua a finales de enero
Bajo la dirección del embajador Edgar Ugalde, el próximo martes Costa Rica pedirá en el seno de la Corte Internacional de Justicia en La Haya el cese inmediato de los trabajos de devastación que obreros de Nicaragua ocasionan en la costarricense Isla Calero.El 11 de enero se dará inicio a la primera de tres audiencias, en las que se analizará el establecimiento de medidas cautelares al vecino del Norte, tras la demanda formal que Costa Rica interpuso por la invasión militar y el daño ambiental en Isla Portillos, en un sector conocido popularmente como Isla Calero, en la margen sur del río San Juan.
Ese día tanto la delegación nacional como la nicaragüense presentarán su posición sobre el conflicto en cuestión. Un día después se darán las réplicas y el 13 de enero, las contrarréplicas a los argumentos presentados por la otra parte.
La diplomacia costarricense estima que este caso podría prolongarse durante al menos cinco años. Por ello aboga por la urgencia de que La Haya ordene el cese de trabajos en la zona en conflicto y que Nicaragua retire sus tropas de suelo costarricense de forma inmediata, hasta que esta instancia no emita una sentencia.
De no ocurrir ningún inconveniente en el camino, a finales de enero la Corte Internacional definiría sí es necesario el establecimiento de medidas cautelares y cuáles serían estas.
“Esperamos que se dicten las medidas y se detenga este daño ambiental debido a la ejecución de un proyecto mal concebido, mal dirigido, empíricamente ejecutado y que no va a generar beneficios económicos, ni sociales. Solo va a quedar el daño ambiental. Se ha hablado de beneficios a la navegación, no habrá ese beneficio, se habla de mejorar la calidad de las aguas, tampoco va a ocurrir eso. De momento, nuestra gran preocupación es que se limite a esa esquina, al noreste del país y que no engangrene el resto del cuerpo del humedal. Eso es lo que queremos limitar”, expresó el canciller René Castro.Este proceso judicial no solo tomará mucho tiempo, sino que también requerirá una inversión millonaria. Solo para este año, el Poder Ejecutivo pretende destinar $2 millones del presupuesto nacional para costear las gestiones del país en La Haya.
Para la preparación de este caso, un equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores lleva semanas analizando arduamente todos los documentos, mapas y reuniéndose con diferentes expertos, con quienes termina de afinar la estrategia que el país llevará a cabo en La Haya.
Paralelo a este proceso judicial, el Gobierno conformó un equipo interministerial que monitorea minuto a minuto todo lo que acontece en Isla Calero y la frontera norte del país, hasta que no haya una respuesta de la Corte.
Asimismo, se ha girado una serie de instrucciones para mejorar la seguridad en los afluentes ticos que nutren al río San Juan, pues en reiteradas ocasiones Daniel Ortega, mandatario del vecino país, ha anunciado sus intenciones de navegar por la costarricense Barra del Colorado.
Las medidas van desde incrementar la presencia policial, así como el entrenamiento de los oficiales, hasta arrancar una serie de estudios para impedir durante ciertas horas del día la navegación por aguas nacionales en la zona limítrofe.
Costa Rica demandó a Nicaragua ante La Haya, luego de que Managua se negara a acatar una resolución de la Organización de Estados Americanos, que les pedía abandonar Calero y por ende detener los trabajos en la zona.
Después de la Corte, la última instancia a la que acudiría la diplomacia tica es al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, pero solo si el vecino del Norte se rehúsa a cumplir con un fallo del órgano judicial.
El conflicto con Nicaragua se suscitó desde el pasado 21 de octubre, cuando el país denunció que obreros nicaragüenses vertían en territorio nacional sedimentos de un dragado que se realiza al río San Juan.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net