Destrucción interna del país

Desde hace muchos años atrás, Costa Rica ha sido víctima de otro tipo de invasión aparte de la de Nicaragua. Una invasión más sutil, no enfrentada a cabalidad por políticas y acciones claras y que hasta cierto punto es más peligrosa y delicada, ya que ha logrado permear no solo el territorio nacional, sino todos los estratos de la sociedad, amenazando con robar definitivamente la paz que ha caracterizado a nuestro país.

Nos referimos sin duda alguna al narcotráfico y al crimen organizado, flagelos que promueven guerras abiertas en otras latitudes, destruyen nuestra sociedad, roban la tranquilidad y la paz a los ciudadanos y consumen a jóvenes e incluso niños, en un mundo de sufrimiento y vejación.

Una serie de artículos publicados por LA REPUBLICA, en la última semana, han dejado al descubierto la alarmante problemática que enfrentamos.

El 40% de las bandas desarticuladas el año pasado, correspondió a familias, la unidad básica y fundamental de nuestra sociedad, que por diversos motivos optaron por ingresar a este negocio del mal.

Por otra parte, la adicción al crack es la principal causa para explicar el explosivo incremento de un 200% en el número de menores de edad recluidos en el sistema penitenciario y, por si fuera poco, la maraña legal en la que vivimos evita que más de ¢10 mil millones decomisados a los antisociales se utilicen oportunamente y por el contrario, las autoridades deben esperar más de siete años para poder usarlos.

Esta realidad no es ajena a la Presidenta, quien al cumplir poco más de 100 días en el cargo, advirtió que el país está a las puertas de convertirse en otra Colombia o México, palabras realmente fuertes si se considera que la guerra entre los carteles de la droga en dicha nación norteamericana dejó más de 22 mil muertes desde 2006.

Pese a conocer la magnitud de la problemática, la respuesta de la mandataria ha sido timorata, ya que se ha limitado a señalar que se requieren más recursos para enfrentar a los narcotraficantes y no ha desplegado todo su esfuerzo, como ofreció en campaña, para atender el problema de la inseguridad.

Las pruebas son claras, la cacareada política de seguridad que supuestamente estaría en tres meses no está lista aún, y en la Asamblea Legislativa solo se aprobaron tres proyectos de ley relacionados con el tema de seguridad, los cuales no son trascendentales.

Es hora de tomar acciones concretas, de presionar a los grupos que obstruyen la ratificación de las leyes necesarias, de reorientar la lucha contra las drogas y los carteles y cumplir las promesas que se hicieron en campaña.

La adicción de la droga, la violencia con la que actúan los narcotraficantes y la presencia de carteles mexicanos en el país, son síntomas de grave descomposición social que requieren acciones inmediatas.

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