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Opositores califican intención como golpe de estado
Deseos de reelección de Ortega generan controversia
Presidentes del ALBA respaldan fallo a favor del presidente nicaraguense

Managua
EFE

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua mediante el cual avala al presidente Daniel Ortega a postularse para la reelección de su país, despertó el hormiguero político a nivel nacional e internacional.
A nivel interno el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán calificó como “un golpe de Estado” la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de su país que declaró “inaplicable” el artículo constitucional que impide la reelección continua de Ortega.
“Daniel Ortega se ha quitado la careta y en su desesperación demostró que no pudo conseguir los 56 votos (para reformar la Constitución en el Parlamento) y ha hecho algo ilegal con una Corte Suprema que no estaba integrada como debe de ser en la Sala Constitucional”, dijo Alemán a diversos medios locales.
El también presidente honorario y líder del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) afirmó que “ni el dictador (Anastasio) Somoza en los años 70 y 72 hizo lo que ahora esta haciendo Ortega con un estado de derecho destruido totalmente”.
El ex presidente Alemán (2007-2002) manifestó que tras el fallo dictado el lunes por la Sala Constitucional de la CSJ “lo que cabe es la unidad de las fuerzas democráticas”.
“Estamos convocando ahora para decir basta ya al dictador Ortega, que quiere palpablemente perpetuarse en el poder”, subrayó.
Según Alemán, el fallo de la Sala Constitucional de la CSJ “demuestra cómo está de débil el sandinismo que ha tenido que recurrir a subterfugios para destruir la Constitución y también demuestra como está la dictadura bien montada”.
La resolución del máximo tribunal que declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que impide a Ortega la reelección presidencial, fue firmada por seis magistrados sandinistas.
Ortega ante las dificultades que se han presentado para conseguir los 56 votos que se necesitan para reformar el artículo 147 de la Constitución, decidió buscar la reelección por la vía judicial mediante un recurso de amparo presentado el pasado 25 de octubre ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) por Eduardo Mejía como apoderado del mandatario y de 109 alcaldes sandinistas.
El CSE elevó el recurso a la CSJ.
La decisión suscrita por seis magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue acatada de inmediato por el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo.
Los magistrados de la Sala Constitucional además decidieron someter el recurso de amparo ante la Corte Plena para que adquiera el valor de 'erga onmes' (para todos), es decir, que sea válido para todos los nicaragüenses que en algún momento quieran optar a una reelección, no sólo para Ortega, explicaron los jueces sandinistas.
La oposición nicaragüense ha anunciado una ofensiva jurídica, política, legislativa, diplomática y de movilizaciones masivas para oponerse a ese fallo judicial que allana el camino a la reelección de Ortega.
Por su parte Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) manifestaron su respaldo a la sentencia.
“Los gobiernos y pueblos de la ALBA ratificamos en esta ocasión nuestro respaldo total e irrestricto a las instituciones democráticas de la hermana República de Nicaragua”, señalaron los nueve países miembros en un comunicado divulgado en Managua por el Gobierno sandinista.
La ALBA, formada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, indicó que ese fallo a favor de las aspiraciones de Ortega es “fruto de la lucha incesante del pueblo nicaragüense por la soberanía y la emancipación”.
En su comunicado la ALBA felicitó a los nicaragüenses por la “consolidación permanente de su sistema político democrático y participativo”.
“Necesario es recordar que la democracia y la justicia social vieron la luz en Nicaragua de la mano de la revolución sandinista y de su liderazgo histórico, el cual en todo momento ha dado pruebas concretas de su compromiso irrenunciable con el carácter sagrado de la expresión libre de la voluntad popular”, agrega el documento.


Pugna legal

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Manuel Martínez, calificó de ilegal y de “anarquía legal” la decisión de la sala constitucional del máximo tribunal de declarar “inaplicable” el artículo de la Carta Magna que impide la reelección continua en el país.
En declaraciones a la prensa local, el magistrado Martínez, de tendencia liberal, argumentó que ese fallo carece de legalidad por cómo se integró el quórum en la sala constitucional de la CSJ.
Explicó que los tres magistrados liberales, de los seis titulares de esa instancia, fueron reemplazados por sustitutos sandinistas.
Los magistrados liberales miembros de la sala constitucional, Sergio Cuarezma e Iván Escobar, alegaron que no fueron convocados con tiempo, mientras que el otro juez liberal, Damisis Sirias, está fuera del país.
Sin la presencia de los magistrados liberales, esa sala del máximo tribunal del país declaró el lunes inaplicable el artículo 147 de la Constitución que impide la reelección continua del presidente Daniel Ortega, al aceptar un recurso de amparo.
El recurso fue presentado el 15 de octubre por el apoderado de Ortega, Eduardo Mejía, ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), que se declaró incompetente sobre el caso.
Mejía entonces presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que admitió el amparo para que fuera tramitado en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso ingresó el lunes a la sala constitucional y en el mismo día se declaró inaplicable el artículo 147.
Aunque inicialmente se informó que esa resolución debía ser ratificada por el pleno de la Corte de 15 magistrados para ser vinculante, el vicepresidente del tribunal, el sandinista Rafael Solís, aseguró que “el fallo es sentencia firme, es cosa juzgada”.
“Lo que sucedió anoche fue una emboscada”, enfatizó el presidente de la CSJ, que denunció que los magistrados liberales de la sala constitucional no fueron convocados con tiempo.
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